El Gobierno 'vigilará' la autonomía de los colegios con evaluación previa

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha oficializado la modificación Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Con ello, se incluye un cambio en el sistema de evaluación de los códigos deontológicos de los consejos generales y colegios profesionales de las distintas profesiones sanitarias. En consecuencia, se atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la evaluación preceptiva, y no vinculante, sobre las propuestas de los colegios previo a su aprobación.

Redacción Médica ya avanzó sobre ello en octubre, cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital propuso este cambio para adaptar la normativa a una Directiva europea sobre el test de proporcionalidad previo a la adopción de nuevas regulaciones de profesiones. Una propuesta que no recibieron de buen grado los profesionales de Medicina, Enfermería y resto de ramas sanitarias, al considerar que esto recorta la independencia de los colegios y consejos generales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la disposición adicional que hace referencia a este cambio. "Los colegios profesionales de ámbito nacional y consejos generales enmarcados en el ámbito de aplicación de este real decreto someterán sus propuestas de códigos deontológicos o de modificación de los mismos a la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su evaluación antes de su aprobación, conforme a lo dispuesto en este real decreto", incluye el documento.

Dentro de las particularidades que enuncia el texto, se enmarca que el colegio profesional o consejo general "dará cumplimiento al procedimiento de información y participación de las personas interesadas". También, una vez incorporadas a la propuesta las observaciones, el colegio profesional o consejo general remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia su propuesta junto con una evaluación de proporcionalidad. La propuesta será publicada tanto en el portal web del colegio o consejo como en el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará la propuesta en el ámbito de sus competencias legalmente prevista: "Dicho informe será remitido al colegio profesional o consejo general proponente para que admita sus observaciones o las rechace motivadamente". Tras ello, en el portal web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se publicarán la propuesta, la evaluación de proporcionalidad, el informe sobre las observaciones planteadas por las personas interesadas, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, si el colegio profesional o consejo general no admitiera las observaciones que pudieran realizarse en el informe, la explicación de los motivos por los que no las acepta.

Medicina y Enfermería rechazó este "recorte de independencia"

Este diario tuvo acceso al documento de alegaciones y, en concreto, la Organización Médica Colegial enumeró en ocho puntos su denuncia, evidenciando que este proyecto carece de una memoria de análisis de impacto normativo, no prevé tampoco un plan anual normativo de la administración general del Estado para 2023, prescinde de la consulta pública previa y carece de un análisis de alternativas y adecuación al principio de proporcionalidad de la ley. También recalcaron en sus alegaciones que la evaluación previa de proporcionalidad a los códigos deontológicos "se asienta sobre unos presupuestos que no son inexistentes". En concreto, los médicos señalan que los códigos deontológicos no son "disposiciones legales o reglamentarias que introduzcan o modifiquen requisitos para el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio". 

Por su parte, el Consejo General de Enfermería tildó la aprobación de este proyecto como una "barbaridad". En el documento presentado agruparon en seis las consideraciones respecto al texto presentado por el Gobierno en las que indicaron que "el proyecto parte de una premisa incorrecta, que revela el profundo desconocimiento no sólo de la naturaleza de los Consejos Generales y los Colegios profesionales, sino de la figura de los códigos deontológicos y de la configuración constitucional de ambos".