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El Gobierno recorta el papeleo de un perfil médico

Estos profesionales sanitarios pueden beneficiarse de una reducción de su carga burocrática

Una médica firmando documentos en consulta.


13 dic 2025. 13.40H
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Los médicos y profesionales sanitarios que trabajan de manera autónoma, ya sea en consultas privadas o en ejercicio libre, podrían beneficiarse de una reducción de su carga burocrática. Así lo pone de manifiesto la segunda adenda de prórroga del Convenio entre la Administración General del Estado y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recientemente. La resolución, publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del Convenio original, que se suscribió en el 2023. El objetivo central del acuerdo es la identificación de cargas administrativas y su reducción, una meta que podría beneficiar a los facultativos y profesionales sanitarios que ejercen su labor en régimen de autónomos en sus gestiones diarias. 

El convenio, firmado el 1 de diciembre de 2025, asegura que UPTA continúe proponiendo soluciones que aligeren el peso de la burocracia para la identificación de cargas administrativas y su reducción en el bienio 2023-2024. Para el colectivo médico, la simplificación administrativa es una necesidad derivada de la carga que tienen en su labor asistencial con la gestión de las obligaciones de los autónomos con la Administración. La ampliación del plazo del convenio garantiza que este mecanismo siga funcionando, eliminando trabas, algo que beneficia a los profesionales sanitarios que deciden ejercer por cuenta propia. 

Identificación de cargas y reducción de las mismas


Por el momento, el convenio no introduce ninguna reducción concreta para los médicos autónomos ni se elimina ninguno de los trámites vigentes a día de hoy pero, si del informe que tienen que entregar en 2026 se extrae que hay obligaciones expresas que afectan a este colectivo podrían verse beneficiados en el futuro. En el documento se detalla que el coste total de las actividades desarrolladas en este marco llega a los 16.245 euros, de los que 15.000 euros los aporta el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los 1.245 euros restantes corresponden a UPTA. 

La particularidad de esta prórroga del convenio es que desde UPTA se comprometen a realizar un informe en el que se analicen trámites que han identificado y propuestas concretas para la reducción de cargas correspondientes a 2026, que tendrán que entregar antes del 20 de noviembre de 2026, a fin de que se garantice que la reducción de carga administrativa continúe beneficiando a estos profesionales. 

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