En los pasillos y despachos del
Congreso de los Diputados, los responsables del área de Justicia de los grupos parlamentarios ya han empezado a debatir sobre la letra pequeña de una reforma normativa que beneficiaría de forma directa al colectivo de
médicos forenses. El
Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia lleva cocinándose en la Cámara Baja desde marzo. Tras superar el debate a la totalidad, su plazo de enmiendas al articulado se cerró a primeros de septiembre. Y aunque el objetivo principal de la norma es adaptar el “modelo organizativo” de la Administración de Justicia a “la mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas y el importante incremento de la litigiosidad”, hay dos partidos -
Sumar y
Coalición Canaria, este último a través del Grupo Mixto- que registraron sendas enmiendas para obligar al Gobierno a acelerar el reconocimiento efectivo de la
carrera profesional para los especialistas en
Medicina Legal.
La
carrera profesional para el funcionariado de la Administración de Justicia está reconocida en la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) desde la reforma a la que esta fue sometida en 2018. Sin embargo, para que el Gobierno empiece a abonar ese complemento retributivo, antes tiene que fijar las cuantías a través de un Real Decreto (RD), previa negociación con los sindicatos. Así se establece en el artículo 519.3 de la LOPJ y así lo indicó a
Redacción Médica, en marzo, la directora general para el Servicio Público de Justicia,
Maria del Àngels García Vidal, quien, eso sí, advirtió de que la medida habría de articularse no sólo para beneficio de los funcionarios del Cuerpo de
Medicina Forense, sino de los de todos los de la
Administración de Justicia.
Promesas en torno a la carrera profesional de los forenses
“El problema es que el Gobierno lleva sin cumplir eso desde entonces”, lamenta
Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de
FSC-CCOO. Tras un 2023 marcado por las movilizaciones del funcionariado de Justicia para pedir mejoras salariales, el secretario de Estado del departamento correspondiente del Ejecutivo,
Manuel Olmedo, se reunión en enero con representantes de la
Asociación Nacional de Médicos Forenses, quienes, entre otras reivindicaciones, pusieron sobre la mesa la necesidad de reconocer retributivamente la
carrera profesional para los especialistas en Medicina Legal.
El colectivo no ha tenido más noticias ministeriales desde entonces, según afirma su presidenta,
Clara Ortega, a este periódico: “Por desgracia, estamos acostumbrados. Llevamos muchos años y legislaturas con esta petición. La única diferencia es que ahora también lo solicitan los sindicatos para todos los funcionarios de Justicia, y ellos sí están en las mesas de negociación”.
En julio, el ministerio que, junto a otras áreas, dirige
Félix Bolaños y cuatro de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del ramo,
CSIF,
UGT,
STAJ y
CIG, sellaron un acuerdo en el que, entre otras cosas, se incluyó el compromiso del Gobierno de convocar durante el primer semestre de 2025 la Mesa para negociar el desarrollo reglamentario pleno de la carrera profesional, algo de lo que sí gozan ya los médicos forenses de dos de las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia: la
Comunidad Valenciana y
Galicia. "Se realizó el trámite de los médicos forenses junto con los cuerpos generales", detallan a este medio desde la
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia.
Dos propuestas para la carrera profesional de la Medicina Legal
CCOO, sin embargo, no plasmó su firma en ese acuerdo. “A pesar de todas las insistencias, el Gobierno se ha negado siempre a negociar, así que, aunque ahora se hayan comprometido a hacerlo, no hay ninguna garantía de que lo vayan a cumplir”, explica Calero. “No firmamos, pero sí propusimos a los grupos parlamentarios, aprovechando que se iba a debatir la Ley de Eficiencia del servicio de Justicia, que presentaran enmiendas para que se reconocieran las
cuantías de la carrera profesional con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024”, aclara.
El resultado del llamamiento fueron tres enmiendas al articulado entre las más de 1.000 presentadas por los distintos grupos parlamentarios. En la número 85, Sumar propone incluir a la LOPJ una
disposición adicional nueva que obligue a establecer la cuantía del complemento de carrera profesional para los profesionales de la Administración de Justicia “en el plazo de seis meses” desde que se apruebe la Ley de Eficiencia, “previa negociación colectiva” y con carácter retroactivo desde el primer día de este año.
Por su parte,
Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, registró, a través del
Grupo Mixto, una enmienda, la número 687, para pedir que se amplíe el artículo 447.3.e de la LOPJ, que es el que incluye el complemento de carrera profesional entre los conceptos retributivos complementarios del personal de Justicia, para incidir en la obligación de establecer, mediante RD y tras acordarlo con los sindicatos, “los criterios, requisitos y las cuantías” de dicho complemento. Pero esa solicitud no viene sino a incidir en lo ya reflejado en el artículo 519.3 de la LOPJ.
En otra enmienda, la número 704, Valido propone añadir un apartado a la Ley de Eficiencia para acortar a un mes el plazo acordado entre el ministerio y las organizaciones sindicales para negociar el desarrollo reglamentario de la carrera profesional. De las negociaciones entre los grupos parlamentarios dependerá que estas enmiendas se acaben incorporando en el texto que se debata en la
Comisión de Justicia. Una vez se fije fecha para la Ponencia, si el texto legislativo se aprueba, pasará a debatirse y votarse en el pleno del Congreso.
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