Dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario en la práctica del aborto es "una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta". En estos términos valoraba la profesión médica las declaraciones vertidas por la Ministra de Igualdad en las que pedía regular este derecho y supeditarlo a la elección de las mujeres.
Sin embargo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos consideran que deben ser, no los médicos, sino los servicios de salud y servicios Sociales los que deben "realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuenten con el apoyo apropiado".
La corporación médica defiende que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho constitucional e individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias.
El colectivo ve "injusto" que, después de enfrentarse a una pandemia, mensajes de este tipo "generen tensión y deterioren la relación médico-paciente", expresa su presidente Tomás Cobo a Redacción Médica. Una "mala forma de honrar esta deuda sería provocar conflictos dormidos o utilizar a un colectivo muy dañado y maltratado, como coartada de políticas que no han sido diseñadas con la competencia técnica, o con los recursos materiales necesarios".
El facultativo destaca, en este sentido, el concierto que existe desde hace 22 años entre prácticamente la
mayoría de los servicios autonómicos de salud y los centros donde se realizan este tipo de procesos. "Tratar de presionar alegando que una de las disputas es la objeción del médico no nos parece adecuado", añade, admitiendo que "aunque no siempre se realice el procedimiento de manera óptima sí se está haciendo de manera lo suficientemente correcta para que se cumpla la ley".
Limitar este derecho, por parte de las autoridades o instituciones, resulta inapropiado a ojos del Cgcom, ya que creen que les coloca en la diana de la contrariedad de los pacientes y de sectores de la sociedad, "cuando no tienen la culpa, y cuando las oportunidades de solucionarlo las tienen otros".
Concentración de servicios para garantizar su intimidad
A este respecto, señala que son las redes sanitarias y los gestores a los que corresponde garantizar una prestación disponible del SNS, aunque, "en muchas prestaciones de la cartera de servicios es difícil asegurar la misma accesibilidad en todas las poblaciones". Hay ocasiones, en las que resulta
conveniente centralizar procesos o procedimientos "por razones de calidad y eficiencia".
En el caso del aborto, el organismo reconoce que se "identifican situaciones de baja accesibilidad; dado que se trata de procedimientos quirúrgicos normalmente ambulatorios". Por tanto, el hecho de que puedan prestarse localmente dependerá de una "adecuada organización de los servicios sanitarios". En pueblos y ciudades pequeñas, no es fácil mantener la obligada privacidad, por lo que una cierta concentración en la prestación de estos servicios podría "tener un efecto protector para la intimidad de las mujeres".
Más que forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, el colectivo cree que sería más adecuado que los servicios de salud y los servicios sociales pusieran medios para que las mujeres tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse.
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