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Competencia apoya la colegiación médica pero no como "requisito continuo"
Lo hace tras evaluar la unificación de estatutos médicos, descartando que haya que colegiarse en cada 'mudanza'
Cani Fernández, presidenta de la CNMC.
27 abr 2026. 18.30H
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POR JESÚS ARROYO
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto coto a las trabas burocráticas y territoriales a las que se enfrentan los médicos en España aclarando que no es que cuestione la colegiación médica sino el hecho de ligarla al domicilio en el que viva el médico. En pleno proceso de evaluación del proyecto de real decreto que unificará los estatutos de la Organización Médica Colegial (OMC), el organismo supervisor emitía a principios del mes de abril un informe en el que cuestiona la obligación de que los profesionales sanitarios deban cambiar su adscripción colegial cada vez que se mudan por motivos laborales. Según aclara el regulador a Redacción Médica, un médico solo necesita vincular su inscripción a su domicilio laboral una vez en la vida.
En un dictamen preceptivo remitido al Ministerio de Sanidad, Competencia aclara su postura sobre la colegiación obligatoria y la vinculación territorial. Fuentes del departamento de Promoción de la Competencia detallan a este diario que el principio de colegiación única no puede entenderse como un "requisito de carácter continuo". Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en el principio de favor libertatis (la interpretación más favorable a la libertad de empresa y establecimiento), la institución es categórica: “Lo decisivo es que la coincidencia entre domicilio profesional y colegial se dé en la primera alta, inicio o ingreso del profesional en el cuerpo o colectivo de médicos”.
De este modo, la CNMC advierte de que imponer un deber ininterrumpido de comunicación de los cambios de residencia limitaría la movilidad de los facultativos. “Mientras el médico continúe estando colegiado (requisito legal indispensable para ejercer), no resultaría necesario que cambiara su colegiación cada vez que trasladara su domicilio dentro del territorio nacional”, subraya la respuesta oficial del organismo. Las corporaciones provinciales, matiza el documento, sí mantienen sus competencias sobre la gestión y actualización documental del registro de colegiados.
El pronunciamiento de la CNMC ha generado revuelo en el sector médico al cuestionarse si suponía un ataque al modelo actual de colegiación obligatoria de los sanitarios. El organismo ha querido despejar cualquier duda aclarando que el informe "no cuestiona la necesidad de la colegiación obligatoria", recordando de hecho que la medicina es una profesión regulada con reserva de actividad en los 27 Estados de la Unión Europea.
Lo que sí exige Competencia son "ajustes en la normativa para ofrecer la deseable seguridad jurídica". En este sentido, la Comisión ha dado un toque de atención a los sucesivos Gobiernos al denunciar un "déficit normativo de carácter general". En concreto, afea la "falta de desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009", una norma que preveía la aprobación de una ley estatal para definir exactamente qué profesiones están sujetas a colegiación obligatoria y que, década y media después, sigue en el limbo.
Asimismo, el supervisor alerta contra la práctica de la colegiación de oficio (inscribir al médico de forma automática sin que este lo solicite), al considerarla un mecanismo "potencialmente más intrusivo en comparación con otros mecanismos de control" que merma la capacidad de decisión del profesional.
Más allá de la adscripción territorial, el análisis de la CNMC sobre los futuros estatutos de la OMC ha entrado de lleno en el impacto económico de las corporaciones médicas. El informe exige la inclusión expresa de los límites de la Ley de Defensa de la Competencia en todas las actuaciones colegiales y reclama una inminente digitalización en la expedición de los certificados médicos oficiales. Para ello, insta a impulsar la firma electrónica y a fijar unos precios que estén "orientados de forma estricta hacia los costes reales", diferenciando claramente el coste del soporte físico del electrónico.
El supervisor también ha puesto la lupa en el mercado de la receta electrónica privada. El dictamen exige a la OMC que desarrolle procedimientos de homologación "transparentes, con criterios objetivos y plazos de resolución razonables para los operadores". Además, alerta sobre el riesgo de que este sistema propicie el "intercambio irregular de información comercial sensible", por lo que solicita salvaguardas de seguridad e insta a justificar técnicamente y abaratar las recertificaciones periódicas de los facultativos.
Pese a la contundencia de las advertencias, la pelota está ahora en el tejado de Mónica García. El dictamen de la CNMC sobre este proyecto normativo es un "instrumento consultivo y no vinculante". Como aclara el propio organismo, "no constituye un requerimiento formal ni genera obligaciones jurídicas de respuesta, ni establece plazos para el Ministerio de Sanidad". Ahora depende del Ejecutivo decidir si incorpora, total o parcialmente, esta aportación técnica en la redacción final de los nuevos estatutos de los médicos españoles.
En un dictamen preceptivo remitido al Ministerio de Sanidad, Competencia aclara su postura sobre la colegiación obligatoria y la vinculación territorial. Fuentes del departamento de Promoción de la Competencia detallan a este diario que el principio de colegiación única no puede entenderse como un "requisito de carácter continuo". Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en el principio de favor libertatis (la interpretación más favorable a la libertad de empresa y establecimiento), la institución es categórica: “Lo decisivo es que la coincidencia entre domicilio profesional y colegial se dé en la primera alta, inicio o ingreso del profesional en el cuerpo o colectivo de médicos”.
De este modo, la CNMC advierte de que imponer un deber ininterrumpido de comunicación de los cambios de residencia limitaría la movilidad de los facultativos. “Mientras el médico continúe estando colegiado (requisito legal indispensable para ejercer), no resultaría necesario que cambiara su colegiación cada vez que trasladara su domicilio dentro del territorio nacional”, subraya la respuesta oficial del organismo. Las corporaciones provinciales, matiza el documento, sí mantienen sus competencias sobre la gestión y actualización documental del registro de colegiados.
Un “déficit normativo” de hace 15 años
El pronunciamiento de la CNMC ha generado revuelo en el sector médico al cuestionarse si suponía un ataque al modelo actual de colegiación obligatoria de los sanitarios. El organismo ha querido despejar cualquier duda aclarando que el informe "no cuestiona la necesidad de la colegiación obligatoria", recordando de hecho que la medicina es una profesión regulada con reserva de actividad en los 27 Estados de la Unión Europea.
Lo que sí exige Competencia son "ajustes en la normativa para ofrecer la deseable seguridad jurídica". En este sentido, la Comisión ha dado un toque de atención a los sucesivos Gobiernos al denunciar un "déficit normativo de carácter general". En concreto, afea la "falta de desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009", una norma que preveía la aprobación de una ley estatal para definir exactamente qué profesiones están sujetas a colegiación obligatoria y que, década y media después, sigue en el limbo.
Asimismo, el supervisor alerta contra la práctica de la colegiación de oficio (inscribir al médico de forma automática sin que este lo solicite), al considerarla un mecanismo "potencialmente más intrusivo en comparación con otros mecanismos de control" que merma la capacidad de decisión del profesional.
Digitalización y recetas privadas
Más allá de la adscripción territorial, el análisis de la CNMC sobre los futuros estatutos de la OMC ha entrado de lleno en el impacto económico de las corporaciones médicas. El informe exige la inclusión expresa de los límites de la Ley de Defensa de la Competencia en todas las actuaciones colegiales y reclama una inminente digitalización en la expedición de los certificados médicos oficiales. Para ello, insta a impulsar la firma electrónica y a fijar unos precios que estén "orientados de forma estricta hacia los costes reales", diferenciando claramente el coste del soporte físico del electrónico.
El supervisor también ha puesto la lupa en el mercado de la receta electrónica privada. El dictamen exige a la OMC que desarrolle procedimientos de homologación "transparentes, con criterios objetivos y plazos de resolución razonables para los operadores". Además, alerta sobre el riesgo de que este sistema propicie el "intercambio irregular de información comercial sensible", por lo que solicita salvaguardas de seguridad e insta a justificar técnicamente y abaratar las recertificaciones periódicas de los facultativos.
Pese a la contundencia de las advertencias, la pelota está ahora en el tejado de Mónica García. El dictamen de la CNMC sobre este proyecto normativo es un "instrumento consultivo y no vinculante". Como aclara el propio organismo, "no constituye un requerimiento formal ni genera obligaciones jurídicas de respuesta, ni establece plazos para el Ministerio de Sanidad". Ahora depende del Ejecutivo decidir si incorpora, total o parcialmente, esta aportación técnica en la redacción final de los nuevos estatutos de los médicos españoles.
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