Auditorías para blindar el buen gobierno colegial médico ante 'tentaciones'

El Colegio de Médicos de Alicante pide nueve años y medio de prisión y la restitución de 760.000 euros a su exgerente José Manuel Coloma. La entidad colegial le acusa de haber cometido delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal durante su periodo en la institución. Una serie de irregularidades detectadas en 2018, cuando María Isabel Moya, actual vicepresidenta de la Organización Médica Colegial (OMC), accedió a la dirección del ente levantino, en el que se llevaron a cabo hasta cuatro auditorías para radiografiar el estado real de sus cuentas. Y es que el análisis de las arcas de los organismos facultativos de cada provincia debería formar parte de la rutina de relevo entre las juntas directivas entrantes y salientes.

"Apostaría por un modelo estructurado de dación de cuentas autoimpuesto, donde las juntas asumen la responsabilidad de su gobierno", ha puntualizado Moya a Redacción Médica. Un sistema mediante el cual el equipo directivo anterior se compromete a entregar información sobre las operaciones realizadas en su tiempo de mandato a la junta que le sucede. Así, estos datos quedan reflejados a nivel documental, con los que justifican y detallan el empleo de los recursos económicos del colegio y estructuran de forma transparente los ingresos, gastos y resultados de su gestión, además de fijar la autoría de estas actuaciones.

La representante de la OMC ha apuntado que "no se trata de vigilar o intervenir en exceso", sino de "garantizar el buen gobierno” y "proteger a quienes gestionan correctamente". Una actuación que facilita el trabajo de la próxima junta directiva, a la vez que ayuda a "preservar la confianza social en estas instituciones".

"No se trata de vigilar o intervenir en exceso, sino de garantizar un buen gobierno"

Hay que recordar que más de 300.000 médicos están colegiados en España y aportan una cuota por estar incluidos en los listados de profesionales de esta clase de organizaciones, lo que les permite ejercer su profesión, a la vez que beneficiarse de determinadas ventajas, como sesiones de asesoramiento o cursos formativos. Buena parte del presupuesto de los colegios proviene de este pago.

Solución auditora

En caso de que el colegio no aplique un sistema reglado de dación de cuentas, Moya tiene claro que la respuesta pasa por la auditoría jurídico-económica y financiera. "En mi opinión, esta sería una práctica muy recomendable", ha sostenido. Una intervención para realizar también en el momento en el que cambian las juntas de gobierno del colegio tras un proceso electoral.

Cualquiera de las dos alternativas aligerará las labores de los nuevos gestores del ente colegial, al ofrecer "una foto de partida" de la realidad del colegio. "Este tipo de acciones ayudan a la junta directiva entrante a adoptar decisiones de cambio o de continuidad y a elaborar un plan estratégico adecuado a la situación tras identificar riesgos y debilidades", ha explicado Moya. Asimismo, les protege del resultado de las acciones llevadas a cabo por sus predecesores. "Así, no tienen que asumir responsabilidades sobre actuaciones anteriores que hubieran sido tomadas en perjuicio de los colegiados", ha agregado.

"La junta directiva entrante no tiene que asumir responsabilidades sobre actuaciones anteriores que hubieran sido tomadas en perjuicio de los colegiados" sumario

En la actualidad, a nivel normativo, el texto vigente de los Estatutos Generales de la OMC -en proceso de reforma- no incluye una cláusula concreta sobre la obligatoriedad de los colegios de prestar esta información en el momento en el que se produce el cambio de junta directiva, pese a que señalan la justificación de la liquidación del presupuesto al acabar el ejercicio. Tampoco aparece en la propia Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. No obstante, hay instituciones provinciales en los que se obliga a la revisión de los libros de cuentas en los casos de cese o relevo, como el de Castellón, Murcia o Barcelona.

En pro de la gobernanza de los colegios

El control auditor es una forma de mejorar el funcionamiento de los colegios provinciales del colectivo facultativo. Sin embargo, su gobernanza no depende únicamente de esta clase de iniciativas. Bajo el prisma de la vicepresidenta del la OMC, la garantía de una buena dirección parte de "la formación y profesionalización en gestión". "Muchos compañeros que acceden a estos puestos de responsabilidad no imaginan las funciones que se desempeñan en ellos, muchas muy distintas a ser médico asistencial o un mero representante de la profesión médica", ha aseverado. Y es que los sanitarios que optan por labores institucionales deben de manejar conocimientos de gestión, jurídicos y de administración para una correcta toma de decisiones, pese a la existencia de personal cualificado en los distintos departamentos que pueda asesorarles.

Más allá de impulsar la instrucción gestora de los futuros integrantes del espectro colegial, Moya aboga por la elaboración de memorias anuales y portales de transparencia para mejorar la dirección de estas entidades. También medidas como la gestión de quejas y sugerencias, la medición de la satisfacción de los colegiados, la creación de una política de cumplimiento normativo o la aplicación de códigos de buen gobierno.