Las
agresiones a los profesionales sanitarios se han
convertido en una lacra que, en muchas ocasiones, viene acompañada de
destrozos materiales en los centros de salud u hospitales donde se desarrollan los actos violentos. La
reparación de estos daños queda supeditada a lo que dictamine un juez, que puede hacer que
el agresor asuma los gastos: "Estas agresiones se resuelven por sentencia. A nosotros nos gustaría que estuviese legislado y que fuese así directamente, pero no sé si es posible jurídicamente", explica a
Redacción Médica Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).
"Evidentemente, cualquier persona que
agrede verbal o físicamente a cualquier profesional sanitario y produce unos destrozos, es responsable por la vía penal por la agresión; y por la vía civil por la indemnización que corresponda por los daños que ha ocasionado. Eso debe ser siempre así", argumenta Miralles.
Sentencias favorables
La Justicia suele condenar al agresor a resarcir económicamente los daños ocasionados, según trasladan a este medio distintas consejerías de sanidad. "Normalmente, se incluye también la reparación de los daños materiales en la
denuncia que se presenta y el
pago de dichos daños queda ya supeditado a lo que se dictamine en la sentencia", explican a este medio desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura añaden: "Si una denuncia por agresión a una autoridad médica contiene también d
esperfectos en mobiliario o instrumental, la sentencia condenatoria establece que el agresor indemnice por los daños ocasionados en dicho material".
"Las Administraciones deberían enfocarlo así en las reclamaciones y demandas que hagan ante cualquier agresión", señala Miralles, que añade: "En cualquier caso,
las indemnizaciones que correspondan tienen que revertir en la sanidad, lógicamente; y las tiene que pagar quien las haya producido", sentencia.
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