Los colegios profesionales se levantaron al unísono ante el
proyecto de Real Decreto que busca atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad de
realizar una evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos tanto de los colegios profesionales de ámbito nacional como los consejos generales. Ahora, el Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un dictamen en el que
plantea "dudas" sobre el proyecto, pues
asegura que hay una "inconcreción" en lo que se refiere a lo que denomina "autoridades competentes", y esto puede lastrar el contenido de la norma. Desde la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE) vuelven a reiterar su
negativa hacia este proyecto de Real Decreto y recuerdan que, más allá de este informe del CES, la norma sigue adelante.
"Celebramos que hayan recogido lo que planteamos, pero eso no
quiere decir que esté frenado", asegura a
Redacción Médica Tomás Cobo, presidente de la OMC. El médico comenta que el informe del CES es buena noticia, pero que aun así el proyecto sigue en marcha.
Adaptar el cambio a la normativa española
"La trasposición para adaptarse a la Directiva Europea deben hacerla, pero
guardando las competencias que a cada uno le corresponde", asegura el presidente, que recuerda que los consejos profesionales "son corporaciones de derecho público y tienen la autorregulación de la profesión". "En España tenemos esta peculiaridad, y tendrán que ver la manera de hacer la adaptación de manera correcta", hace hincapié.
De esta manera el médico comenta que desde la OMC están preparados para, si sigue adelante,
presentar un recurso al momento. "Teniendo en cuenta los argumentos del CES, por ejemplo, el RD se tumbaría con nuestras alegaciones, por lo que no deben buscar otra fórmula, pues no creo que quieran llegar a ese punto", resume Cobo.
Paco Corpas, director de la asesoría jurídica del CGE, explica por su lado que el
estudio del CES "apunta un planteamiento similar a la posición que se adoptó desde el consejo", aunque recalca que en este caso desde el organismo
"no terminan de oponerse al proyecto".
Corpas comenta que
el core de las alegaciones presentadas por las enfermeras es la retirada del proyecto, lo que parece que no se ha tenido en cuenta. "Se ha reactivado su tramitación, algo que no es bueno, porque no observamos cambios en el texto respecto a lo que informamos en su día", desarrolla el abogado. La conclusión principal del documento presentado por los médicos también es la necesidad de retirada del Real Decreto en cuestión.
Falta de memoria de análisis de impacto
Además de la pérdida de autonomía, desde la organización médica alegaron, entre otras cuestiones, que
el proyecto carece de una memoria de análisis de impacto normativo, así como prescinde de la consulta pública previa y carece de un análisis de alternativas y adecuación al principio de proporcionalidad de la ley.
En el caso de las enfermeras, en las alegaciones presentadas, muy
alineadas con el documento de los médicos, hizo hincapié en que este cambio supondría "un control externo y un visado ajeno", y que esto es "del todo innecesario e inadecuado".
Alegaciones del CES al proyecto
En el caso del
informe del CES, que no propone la eliminación del proyecto del RD, como hacen ambos consejos profesionales, lo que indica es que pueden surgir dudas del planteamiento del proyecto, pues no concreta el
concepto de "autoridades competentes", lo que "lastra el contenido de la norma".
La propuesta del Gobierno pauta que ese test de proporcionalidad "es exigible a las autoridades encargadas de la regulación", una potestad que atribuye a
los propios Colegios Profesionales. Pero el CES duda de que ello se pueda exigir a estos colectivos en tanto en cuanto "disponen de competencias en la ordenación de la profesión, si bien carecen de ellas en su regulación, en la medida en que no tienen capacidad para formular normas de rango legal o reglamentario para el acceso a la profesión o su ejercicio".
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