Más tiempo para investigación y docencia, facilidades para conciliar o pluses salariales. Esas tres medidas engloban la mayoría de las
reivindicaciones de la profesión sanitaria en España cuando se pregunta en el sector sobre cómo mejorar y fortalecer la situación de los profesionales sanitarios que trabajan en la
Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (
SNS). Pero, ante la
escasez de personal que padece el primer nivel asistencial español, desde los sindicatos han vislumbrado otra solución, aunque sería una solución para el
corto plazo, tal y como han afirmado: la
homologación de médicos extracomunitarios en todas las comunidades autónomas sin distinción.
Concretamente,
Extremadura y
La Rioja han sido las dos regiones que peor han salido paradas en la
asignación de las plazas MIR de este 2024, pues cerca del 50 por ciento de los puestos de la primera y del 35 por ciento de plazas de la segunda han quedado vacantes en la edición actual en la categoría de Medicina Familiar y Comunitaria (
MFyC), lo que acentúa en esas dos comunidades la falta de profesionales para fortalecer los mimbres de la Atención Primaria. Ante esta situación de déficit, los colectivos sindicales han apuntado a la posibilidad de que el
Ministerio de Educación delegue las competencias de homologación de títulos universitarios extranjeros en manos de las respectivas
Consejerías de Educación para que sean estas las que “agilicen” todo el proceso de homologación.
“Debido al bloqueo existente, si es
para agilizar el proceso, vemos bien que se
deleguen las competencias en las comunidades autónomas, pero en todas a la vez, no exclusivamente en La Rioja y en Extremadura. Esa delegación competencial tiene que ser para que todas las regiones ayuden al Gobierno central a
homologar esos títulos de extracomunitarios que están bloqueados sine die”, ha valorado en una conversación con
Redacción Médica Fernando Hontangas, presidente del sector Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (
CSIF). Y esto, según ha recalcado el representante sindical, debería hacerse “cuanto antes”.
Una opinión similar esbozan desde
UGT Extremadura, pues el responsable del Sector Salud de la central,
Felipe Bachiller, ha valorado con buenos ojos la posibilidad de que el Ejecutivo extremeño solicite la transferencia de la competencia para
homologar títulos universitarios extranjeros, pues “hay que
garantizar la atención sanitaria a la población”. “Si por los medios habituales no tenemos cubierta esa asistencia, habrá que adoptar medidas extraordinarias. Y sí, una medida para ello podría ser la homologación de los profesionales extracomunitarios”, ha resaltado Bachiller. “En situaciones excepcionales hay que dar soluciones excepcionales”, ha incidido el representante de UGT.
Médicos españoles, en contra de la homologación extranjera
La medida, a pesar de un primer visto bueno por las centrales señaladas, no ha caído en gracia entre la
profesión médica. Desde el primer momento en el que se publicó que Euskadi recibiría la trasnferencia, los profesionales de la sanidad, mediante el
Foro de la Profesión Médica, mostraron su “grave
preocupación” y recelo: “Traspasar la competencia a las autonomías puede poner en riesgo el
principio de equidad y no discriminación, (...) además de facilitar un
'efecto contagio' para otras comunidades que demanden también la competencia para homologar los títulos universitarios según sus necesidades”.
De hecho, cuando el
Consejo de Ministros aprobó la delegación de ese poder en el
Gobierno Vasco, los médicos españoles clamaron porque, según denunciaron, “genera un grave riesgo en un momento en el que las CCAA ya están llevando a cabo la contratación de profesionales que no cuentan con la
titulación exigida para ejercer como especialistas”. Por parte de los
sindicatos del sector tampoco se recibió la medida como una solución en un primer momento, pues alertaron de la
desigualdad territorial que podría generar en todo el Estado que algunas regiones tuvieran la competencia para homologar.
Los Gobierno autonómicos rechazan la posibilidad
No obstante, según las fuentes consultadas de los Ejecutivo autonómicos de La Rioja y de Extremadura, no parece viable dicho escenario, pues desde ambos Gobiernos rechazan la posibilidad de solicitar la transferencia. Por el momento, el único territorio del Estado que cuenta con dicha competencia es
Euskadi, que así lo pactaron el Gobierno central y el Gobierno Vasco en la
Comisión Mixta de Transferencias. El Ejecutivo del
País Vasco contará con ese ‘poder’ homologador a partir del próximo 1 de julio, tal y como explicaron desde ambas partes hace ya algunas semanas.
“La respuesta es que no. Desde la
Consejería de Educación de La Rioja nunca nos hemos planteado esa solicitud. Entendemos que es una competencia exclusiva del Ministerio, por cuestiones de
unificación de criterios, por lo que nunca hemos solicitado transferir dicha competencia”, han afirmado fuentes del departamento educativo riojano. Desde la Consejería han argumentado que en ningún momento han puesto sobre la mesa esa posibilidad, y, de cara a un futuro cercano, tampoco parece que la estrategia riojana pase por solicitar la transferencia.
En la
Junta de Extremadura tampoco vislumbran dicha delegación de poderes como una opción real, a pesar de que desde su Consejería de Educación se abstienen de comentar cualquier escenario. “La competencia de homologación de titulaciones es del Ministerio de Educación y, por tanto, esta Consejería no va a hacer declaraciones al respecto”, han señalado fuentes de la misma.
Las comunidades autonómicos que sí desean tener dicha competencia son
Cataluña y
Aragón. El conseller de Salut en funciones de la Generalitat, Manel
Balcells, así se lo remitió a la ministra de Sanidad,
Mónica García, cuando ambos se reunieron en Madrid a comienzos de año.
José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de
Aragón, por su parte, también se lo pidió a la titular de Sanidad mediante una carta. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han mantenido abierta la puerta a transferir la competencia a las regiones que así lo deseen. Habrá
“misma respuesta” que con Euskadi, valoró a este diario la titular
Diana Morant.
Homologación médica, al Interterritorial
Pero desde CSIF han recalcado que esa situación, de darse, debería ser única y exclusivamente mediante una
delegación de competencias, pues, a su parecer, la última palabra la debería tener el Ministerio. Por lo que la estrategia de este sindicato pasa porque las comunidades autónomas se conviertan en
agentes colaborativos para ayudar a Educación con las homologaciones extranjeras. Para ello, Hontangas ha apuntado a debatir ese escenario en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (
Cisns): “Todas las comunidades autónomas tienen que ponerse de acuerdo en el
Consejo Interterritorial o en su
Comisión de Recursos Humanos para echar una mano al Gobierno”.
Si ese estadio no se da, el presidente de Sanidad de CSIF ha resaltado que la política sanitaria debería pasar por la
contratación de más efectivos sanitarios. “Esas son las dos alternativas más factibles. ¿Es más rápido contratar a gente o delegar las competencias? No lo sé, pero ante esta
situación de bloqueo deben ponerse de acuerdo”, ha zanjado.
Contratar licenciados médicos sin especialidad
Otra de las posibles medidas para
reforzar la plantilla de la Atención Primaria en España podría pasar por facilitar la
contratación de los licenciados en Medicina sin especialidad. Se trata de un escenario que ya se planteó y se materializó en plena
pandemia del Covid-19, tal y como ha recordado Bachiller. “Si en algunos casos no pudiéramos contar con los extracomunitarios, opinamos que podríamos ir más allá y habilitar que los recién licenciados pudieran
ejercer como médicos con unas horas de formación durante el periodo que estuvieran contratados”, ha explicado.
No obstante, si bien durante la pandemia esos mismos profesionales no pudieron estar tutelados por ningún compañero debido a la sobrecarga excepcional y continua que recaía sobre el
Sistema Nacional de Salud, ahora sí estarían acompañados por sus homólogos, según el sindicalista de UGT: “Ahora sí les podrían tutelar mediante una formación diaria. Es decir, destinarían algunas horas de su jornada a la formación para que pudieran dar una
atención de calidad”.
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