Es una reivindicación histórica. Más de 10 años después de la incorporación de España al
Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado Plan Bolonia) por el que se extinguieron las antiguas licenciaturas y diplomaturas, todavía el personal sanitario sigue atado a las antiguas categorías funcionariales A1, equivalente a
licenciado, y A2,
diplomado.
Especialmente sangrante es el caso de
Enfermería o Fisioterapia, profesiones del área de salud que requieren un gran nivel de exigencia para empezar a formar parte de la plantilla, pero con una retribución menor.
Por ello, desde el
Sindicato de Enfermería (Satse) han elevado esta queja a la
Consejería de Función Pública de la Comunidad Valenciana, en una reunión celebrada este martes de la Mesa General de Negociación de Personal funcionario, estatutario y laboral.
Satse explica que hay que eliminar estos subgrupos. “Es un compromiso reflejado en el
Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud, acordado en 2013 con el Ministerio de Sanidad, pero hasta la fecha las diferentes administraciones sanitarias públicas sigan haciendo oídos sordos a la demanda de iniciar los trámites necesarios para realizar la oportuna reclasificación profesional y que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas sean reconocidos dentro del Grupo A”.
El Satse aboga por la desaparición de los subgrupos A1 y A2
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Además el Satse recuerda “que en la disposición tercera del Estatuto Básico del Empleado Público se establece que se mantenga la división de los subgrupos A1 y A2 de manera transitoria hasta la generalización de la implantación de los nuevos títulos universitarios,
algo que ya ha sucedido, por lo que se tendría que acabar ya con esta diferenciación entre profesionales”.
En el caso de la Comunidad Valenciana, según las t
ablas de retribución del Diario de la Comunidad Valenciana, los médicos tienen una retribución base de
1.151,17 euros, mientras que los cargos de Enfermería reciben
995,39 euros. Del mismo modo, el Satse también denunció esta situación en Andalucía: “el mantenimiento de estas categorías en el subgrupo de clasificación A2 implica una pérdida salarial para los profesionales afectados de 153 euros mensuales en su sueldo base, que es de
1.131,36 euros para el Grupo A1 y 978,26 para el A2 en el año 2018, unos 1.830 euros anuales menos”, denunciaban.
Cuestión de Responsabilidad
Tal como recoge el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al Grupo A de funcionarios públicos “se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”.
Sin embargo, “la clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso”.
De ahí que Satse sostenga que esta división va más allá de la mera retribución económica y que supone “una clara discriminación es aspectos como el acceso a puestos directivos, grupos de investigación o convocatorias de acceso a puestos públicos”.
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