En 2018, un químico aterrizó en el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para formar parte del mismo como secretario general de Universidades.
José Manuel Pingarrón ha estado al frente de la Secretaría General durante seis años y ha visto pasar por la cartera a cuatro ministros diferentes. Sin embargo, tras el anuncio del Ministerio en el que señalaba que Pingarrón dejaba el cargo, que ocupa ahora Francisco García Pascual, el ya ex secretario general
ha optado por regresar a la Universidad Complutense de Madrid, al departamento de Química Analítica del que es catedrático.
En una entrevista con
Redacción Médica, Pingarrón ha desgranado sus años en el plano de la
gestión en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los retos a los que tuvo que hacer frente al llegar y los que deja tras su marcha. En sanidad, ha tenido que enfrentarse a cuestiones como el
aumento de facultades de Medicina o al
estancamiento en la homologación de los títulos de médicos extracomunitarios, algo que ha reconocido que se ha multiplicado por tres en los últimos años y
cuyo sistema está "obsoleto", lo que dificulta el procedimiento, sumado al
escaso personal humano con el que cuenta el Ministerio para llevar estas homologaciones a cabo.
¿Cómo valora su paso por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades? ¿Cuáles han sido los grandes hitos que han marcado su experiencia?
Lo valoro con mucha satisfacción. Me voy tranquilo, agradecido y orgulloso del trabajo que se ha hecho durante estos seis años y ahora, después de este tiempo, me siento liberado y feliz de poder
volver a mi departamento de Química en la Universidad Complutense de Madrid. Durante todo este tiempo, ha habido tanto cosas buenas como malas, pero las buenas pesan más. Hemos sido capaces de sacar una ley y hacer una profunda reforma en el sistema universitario, con todos los reales decretos que conlleva y, si se utilizan bien, va a suponer un cambio a mejor en el sistema.
¿Cuál era la situación cuando aterrizó en el Ministerio y qué fue lo primero a lo que tuvo que hacer frente?
Había una gran necesidad de reformas importantes. Al principio no se hablaba de una nueva ley, sino que había tres urgencias principales: una tenía que ver con la regulación de las universidades y de creación de nuevas facultades, otra con la reforma del real decreto de la regulación de las enseñanzas, que era un clamor y hacía falta cambiarlo ante muchas deficiencias; y, en tercer lugar, el estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Pero hubo una demanda generalizada en el Congreso de los Diputados en 2018, donde todo el mundo pedía una nueva ley y, a partir de ahí, empezamos a ver que debería articularse así.
¿Cómo fue el proceso de llegar a crear la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?
Fue un proceso largo y participativo con muchísima gente. Tiene una serie de capítulos que ha habido que negociar con los rectores, sindicatos, estudiantes, comunidades autónomas, consejos sociales y, después, en fase parlamentaria, con los grupos parlamentarios.
Es una ley que ha tenido un nivel de discusión amplísimo con todos los actores de la comunidad universitaria, a pesar de lo que se dice a veces. Como ocurre con todas las leyes con un nivel de participación tan alto, hay algunos puntos que gustan más y otros menos, pero en su conjunto la ley es un instrumento muy poderoso para hacer un sistema universitario español mejor. Por ejemplo, no estaríamos hablando del numero de plazas de ayudante doctor que se van a sacar ahora en las universidades públicas si en la ley no apareciera ese mínimo del 1 por ciento de la inversión del PIB en educación superior pública.
"Ya se sabe que el papel lo aguanta todo, pero ahora llega el reto de poner implementar la LOSU en la práctica"
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¿Qué cambios va a aportar al ámbito universitario?
Todavía hay que implementarla. Ahora mismo está en el papel, pero llega una época compleja que es la de ponerla en práctica. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo, pero ahora es importante que, tanto desde los ministerios como las universidades, hagan suya la normativa de la ley y que los cambios de los estatutos que tienen que hacer las universidades recojan e incidan en los principios que la ley marca. La normativa permite que las universidades usen sus estructuras de la manera que ellas decidan, por lo que tendrán que decidir si quieren departamentos, centros, o ambas. También en relación a todo el real decreto de acreditaciones y concursos queda claro que ahora hay una nueva manera de llevar a cabo esos concursos con comisiones que los juzgan, que van a tener que constituirse por sorteo... Si aprovechan estas herramientas para hacer una apertura mayor a la sociedad, serán capaces de captar talento en todo el mundo y, por tanto, de tener instrumentos para mejorar.
¿Qué horizonte dibuja esta LOSU en relación a la sanidad?
Permitir a las universidades que desarrollen sus capacidades de autogobierno de la mejor manera posible. Es cierto que las profesiones sanitarias son todas reguladas, tienen que cumplir directivas europeas y sus planes de estudio están consensuados, por lo que cambiar un plan de estudios de Medicina, por ejemplo, no es sencillo. En todos los casos, siempre
es necesario un consenso entre facultades de Medicina, colegios profesionales, estudiantes y el Ministerio de Sanidad. Cualquier reforma tiene que ir consensuada al máximo. En general, las universidades tienen planes de estudio que han demostrado su utilidad, pero ahora hay otro reto. Ya se sabe que hay muchas universidades privadas que están creando facultades de Medicina y está ahora es fundamental que la calidad de enseñanza se garantice. Las agencias de calidad, que son las que velan por ello, tienen que tener ese papel de guardián de la calidad de los estudios. No puede ser que un médico de una universidad sea de 'peor calidad' que otro, por el hecho de haberse formado en una universidad pública o privada.
En cuanto a la apertura de facultades de Medicina y las críticas ante la pérdida de calidad en la enseñanza, ¿cómo ha sido gestionar como secretario general de Universidades el aumento de las mismas?
Las facultades de Medicina son propuestas por las propias universidades y quienes las autorizan son las comunidades autónomas. El factor fundamental es que los estudios que salgan de esas facultades reunan los requisitos de calidad, que son exactamente los mismos para las universidades públicas, y eso lo garantizan Aneca y las agencias autonómicas de calidad. Tengo que decir que la gran mayoría pasan esos filtros, por lo que la calidad no tiene por qué verse resentida. Otra cosa es que la selección de los estudiantes ya no es la misma, pero estas facultades han proliferado porque hay una altísima demanda. Además de la legislación general estatal "marco", quienes tienen que velar por el detalle de esa calidad son las comunidades autónomas.
Y sobre la homologación de títulos sanitarios, ¿cómo ha sido afrontarlo desde dentro y qué ha sido lo más complicado?, ¿cómo espera que se solucione?
Cuando nosotros entramos en 2018, había 17.000
solicitudes de homologaciones y equivalencias, la gran mayoría de profesiones sanitarias. En 2023 hubo 54.000 solicitudes. Se ha multiplicado por tres, sin que los medios materiales y humanos que había en la Secretaría General de Universidades aumentaran en esta proporción. Aún así, en 2023 se homologaron 9.000 títulos extranjeros de médico, lo que quiere decir que se homologaron más médicos extranjeros que médicos salen de las facultades de Medicina de España. Además, el Ministerio de Universidades antiguo fue el que consigió que de 15 personas que trabajaban en la Secretaría General, pasaran a ser 41 y ahora hay un plan en marcha para mejorar la gestión de las homologaciones. Pero no le quepa duda que, si sigue habiendo 54.000 homologaciones al año, con estas 41 personas tampoco será posible. La base informática que tenemos para tramitarlas es del año 2003 y desde que entramos estamos pidiendo una renovación de esta plataforma porque es muy difícil trabajar así, ya que en esa época no llegaban a ocho mil solicitudes al año.
"He dedicado una etapa demasiado larga a la, ahora quiero volver a disfrutar de la investigación y la enseñanza"
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El nivel de homologación de estos títulos es enorme, pero no es sostenible en el tiempo, además, hay otras profesiones sanitarias con problemas particulares. En el caso de los títulos de Enfermería, Aneca siempre dice en sus informes que estos enfermeros extracomunitarios necesitan hacer más prácticas porque en la gran mayoría de los países latinoamericanos -el 95 por ciento de las peticiones son de allí-, no es como en España donde la Enfermería es un grado, sino una diplomatura, por lo que ocurre que en estos planes de estudio tienen menos prácticas y los informes les piden hacer complementos formativos.
Sin embargo, el
mayor problema está en las homologaciones de Odontología. En la gran mayoría de estos solicitantes, cuando son examinados por Aneca, se ve que tienen una falta de asignaturas especiales que hay en España. La Conferencia de Decanos y Decanas de Odontología ha decidido que estos complementos formativos los hace a través de un examen, el cual tiene una tasa de éxito de aprobados que nunca llega más allá del 6 por ciento. Esto supone un enorme problema para estas personas, hay una gran cantidad de dentistas inmigrantes que quieren acceder al mercado español y que ven que no pueden hacerlo pero la Conferencia dice que, si se permitiera entrar a todo estos odontólogos latinoamericanos al mercado español, lo hundirían. Son problemas que habría que resolver pero que trascienden al Ministerio de Universidades, pues constan de relaciones bilaterales diplomáticas con países, política de inmigración, etcétera.
¿Qué rumbo debe tomar el Ministerio de Universidades en cuanto al futuro que dibuja la sanidad en el país, como el papel del envejecimiento profesional sanitario y las jubilaciones?
Se hizo una medida muy importante que no ha tenido mucho eco, la posibilidad de vinculación con cualquier figura de profesorado que aparece en la LOSU. Antes solamente podían vincularse las personas que tenían una posición permanente, y ahora pueden hacerlo hasta ayudantes doctores. Eso es importante para revertir el envejecimiento, pero también las
3.400 plazas que va a sacar el Ministerio de ayudante doctor, servirán para fomentar el rejuvenecimiento. Un factor fundamentales es que la gente se estabilice a los treinta años y no a los cuarenta como ahora. No cabe la menor duda que esto tendrá que venir en una, esperemos, coordinación y cooperación institucional más allá de las luchas políticas con las comunidades autónomas y con los responsables en sus facultades de Medicina.
Ahora regresa a su departamento de Química y se retira de la vida política. ¿Qué sentimientos tiene al volver al punto de partida?
Estoy tremendamente ilusionado, era una cosa que yo quería hacer. No me quedan muchos años de servicio activo y quería volver a donde empecé y volver a estar en contacto con los estudiantes. No olvide que antes de los seis años de secretario general de Universidades estuve tres de vicerrector en la Universidad Complutense, con lo cual es una etapa demasiado larga dedicada a la gestión. Ahora quiero disfrutar de la investigación y la enseñanza, volver a mi vida y a lo que es mi casa. Siento cierta liberación porque los temas que hay en los ministerios son muy complejos, se mezcla la gestión con el día a día político y es algo difícil.
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