La huelga que paraliza esta semana los hospitales españoles busca exigir un estatuto propio para blindar los intereses específicos de los facultativos. Sin embargo, la negociación esconde una condición espinosa. Diversas voces reclaman que el nuevo documento legal imponga la dedicación exclusiva y
prohíba a los médicos compaginar su puesto público con la sanidad privada.
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Los defensores de la incompatibilidad exigen equiparar la sanidad al resto del funcionariado.
Argumentan que el modelo actual supone una anomalía administrativa. Un profesor de la educación pública, recuerdan, tiene vetado dar clases vespertinas en una academia privada, por ejemplo. Bajo esta premisa, la administración busca exigir lealtad total al sistema a cambio de financiar el nuevo marco retributivo.
El planteamiento divide profundamente a los profesionales en pleno parón. Algunos médicos aceptan la exclusividad como peaje necesario para dignificar su profesión. Otros sectores de la plantilla rechazan perder su libertad de ejercicio. La resolución del conflicto exige poner cifras concretas sobre la mesa para comprobar si la subida de sueldo compensa la pérdida del sector privado.
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