La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha dado el pistoletazo de salida a su
44º Congreso Nacional abordando una mesa pre-congresual en la que se ha analizado un tema de impacto, tanto en la práctica clínica diaria de los médicos de Familia, como en la
planificación y organización sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto. En ese sentido, desde la organización médica consideran "muy importante"
abrir vías de "diálogo y debate" que generen "consenso, conocimiento" para ayudara fortalecer la equidad en la Atención Primari.
Se plantea por parte de la sociedad que el actual
modelo de Atención Primaria (AP) se encuentra en un momento de transformación obligada por algunas circunstancias que impactan de forma determinante en el sistema, como la falta de especialistas en Medicina de Familia para cubrir un número importante de plazas en mucho puntos de España, la necesidad de plantear un modelo organizativo orientado a conseguir un
primer escalón asistencial más resolutivo, con mayores capacidades y en el que el médico de Familia se encuentre más reconocido y motivado.
“Para Semergen es muy importante haber podido
reunir a este grupo de expertos con experiencia en la gestión sanitaria que han consensuado un
conjunto de medidas cuyo objetivo es generar
debate y conocimiento de calidad para contribuir al fortalecimiento de la equidad del sistema, de forma que las diferencias razonables que se dan en un modelo sanitario descentralizado como el del SNS, no terminen redundando en desigualdades significativas en la prestación sanitaria y en la práctica asistencial diaria de los médicos de familia en las diferentes Comunidades o áreas de salud”.
Conclusiones del grupo de expertos
Las principales conclusiones del grupo de expertos se han puesto de manifiesto en el Congreso Nacional y en conjunto parten del
elevado nivel de equidad en el acceso a la asistencia sanitaria que se da en nuestro sistema sanitario:
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El acceso a la AP en nuestro SNS es mayoritariamente universal y equitativo, aunque sí existen diferencias organizativas que pueden provocar desigualdad. Por ello, y bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad y la participación activa de las Comunidades Autónomas, debe trabajarse en identificar las desigualdades y extender los procedimientos y prácticas que la evidencia ha demostrado como eficaces y eficiente.
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La cartera de servicios de AP debe ser homogénea entre las diferentes comunidades autónomas. Las mayores diferencias se dan probablemente en el acceso a pruebas complementarias y diagnósticas por parte de los médicos de Familia de unas u otras áreas sanitarias. Por ello, es necesario trabajar en la definición de un catálogo de pruebas diagnósticas en el que se definan qué debe ser accesible desde AP y qué no, o qué pruebas pueden estar accesibles para determinados casos.
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La variabilidad de circuitos asistenciales y de medidas organizativas puede generar también desigualdades importantes en la prestación sanitaria. Por ello es necesario establecer unos protocolos basados en la evidencia científica que determinen cuáles han de ser las vías de atención óptimas para mejorar la resolución de las consultas médicas de AP.
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El acceso del médico de Familia a la información clínica y farmacoterapéutica de sus pacientes es esencial para asegurar la continuidad asistencial. En algunas Comunidades existe el acceso compartido a esta información, pero en muchas otras no, lo cual genera mayores dificultades para la atención integral de los pacientes por parte de su médico de Familia.
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Con respecto a la labor de prevención que lleva a cabo la AP, es necesario establecer también una cartera de servicios clara sobre qué políticas de prevención y programas de cribado concretos deben implementarse de forma equitativa en todas las comunidades autónomas. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud debe constituir uno de los ejes de actuación en los equipos de AP y esta actividad debe prestarse también en condiciones de equidad.
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Los sistemas de visado farmacéutico también presentan importantes desigualdades entre unas zonas y otras, dificultando en algunas Comunidades el acceso de los pacientes a algunos tipos de fármacos y ejerciendo una labor de fiscalización previa que pone en duda la confianza del sistema en el médico de Familia.
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Nuestro sistema sanitario adolece de una política de evaluación sobre qué se hace y cómo se hace. Para poder determinar una cartera homogénea de servicios con unos procedimientos también comunes para las diferentes Comunidades, sería necesario establecer por consenso de un grupo de trabajo un conjunto de indicadores que permitan cuantificar qué aporta verdadero valor y qué no lo aporta. La recogida y análisis de esta información, bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad, con participación de las Comunidades Autónomas y asesoramientos de las Sociedades Científicas y organizaciones de pacientes; permitiría dibujar la situación de partida ideal para la definición de un modelo más igualitario y equitativo.
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Incrementar la capacidad de resolución de los médicos de AP implica apostar por un programa de formación y recertificación de los facultativos que permita mejorar sus competencias a lo largo de su carrera para ofrecer más y mejores servicios asistenciales. Para ello, es necesario incrementar las horas dedicadas a la formación de las que disponen los médicos de Familia de una manera equitativa entre las distintas Comunidades Autónomas.
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El principal riesgo de inequidad que existe actualmente en el SNS, y de manera específica en la AP, es la escasez de recursos humanos y la dificultad para cubrir las necesidades de médicos de Familia en algunas zonas de España. Es urgente la adopción de medidas equitativas para el conjunto del país, que incluyan una mejora de las condiciones económicas pero que vayan más allá, y tengan en cuenta otros aspectos de la carrera profesional y la conciliación familiar. Sólo de esta forma podrá evitarse que numerosas plazas de medicina de Familia, especialmente en las áreas más rurales, queden desiertasaño tras año, afectando de forma importante a la equidad en el acceso a la AP en estas áreas con respecto a los núcleos urbanos.
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En línea con lo anterior, y junto a estas medidas dirigidas a la captación y retención de facultativos de AP en determinadas áreas geográficas, es urgente definir e implementar un plan de acción global para atender las necesidades específicas de la AP en las zonas rurales, que haga más atractiva la medicina de Familia en estas zonas. Para ello deben contemplarse nuevas medidas organizativas, que permitan el desarrollo de nuevos modelos para la prestación asistencial aprovechando las oportunidades que brinda la telemedicina y la atención no presencial.
Además, en el debate mantenido, se ha abordado de manera extensa la necesidad de
incrementar la capacidad de resolución del ámbito de la Atención Primaria y de las consultas de Medicina de Familia. El presidente de Semergen, José Polo, ha insistido en la importancia de
dotar con los recursos adecuados a la AP, “en recursos humanos, que es muy importante, pero también en el acceso equitativo a la tecnología diagnóstica como aspecto clave para conseguir una práctica de alta resolución”.
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