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Rango de ley a la nueva Primaria con "responsabilidad por incumplimiento"

La especialidad se harta de la "ingente cantidad de documentos" y pide garantías para solventar la crisis asistencial

Pere Beato Fernández, Pilar Rodriguez Ledo y Antoni Sisó.

31 may 2022. 12.00H
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POR IVÁN FERNÁNDEZ
La crisis asistencial y de recursos humanos que atraviesa la Atención Primaria española está ampliamente analiza y sus 'soluciones' están plasmadas en Estrategias y Planes de Acción que no terminan de ejecutarse para revertir la escasez de profesionales sanitarios y el elevado estrés al que están sometidos. Por ello, recientemente, una sociedad científica autonómica planteaba la realización de una ley que “garantice” que se cumple lo prometido. Algo que desde Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) verían con buenos ojos a nivel nacional.

“Actualmente, se han puesto de manifiesto tanto la importancia de la Atención Primaria como las carencias que va arrastrando. Históricamente, las diferentes administraciones han optado por parchear dichas deficiencias. Es hora de que se aborden con profundidad soluciones a las necesidades que los usuarios y también los trabajadores de la salud perciben. Hacerlo a través de una ley permitiría homogeneizar y hacer más equitativas las prestaciones que el sistema público de salud ofrece”, detalla Pere Beato Fernández, presidente de Semergen Cataluña.

Por su parte, desde la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG), vería también con buenos ojos la medida si se incluyen cuestiones que realmente son realizables. “Estamos hartos de documentos y estrategias. Tienen que ser planes realizables y con obligaciones de cumplirlos. ¿Cómo se hagan? Que inventen lo que quieran, que para algo son políticos. Seguir dando vueltas a documentos ya no es el momento”, reivindica Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de SEMG.

¿Una ley para lograr que se cumpla lo prometido?


La iniciativa de una ley para Atención Primaria ha surgido de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) quien ve “imprescindible” su creación y la reclama, al menos, a nivel autonómico. “Independientemente de la mirada ideológica, los diagnósticos están hechos y son concordantes. Es momento de acciones, y también de hacer las cosas de forma diferente a los ingentes documentos realizados hasta ahora, y de invertir en los Equipos de Atención Primaria (EAP) protegiendo la salud de las personas y sus principios básicos por Ley, con los EAP como garante”, reivindican desde la sociedad liderada por Antoni Sisó. 

Y es que, con la creación de una ley, según respalda Beato Fernández, “sin duda” se ayudaría a poder pedir responsabilidades ante incumplimientos. “Más que si se tratara de planes estratégicos”, detalla el dirigente de Semergen Cataluña, quien también añade que ayudaría a “clarificar escenarios” no únicamente sobre prestaciones externas, sino también sobre funcionamiento interno del sistema.

“Los planes estratégicos dependen mucho más del color de los gobiernos del momento y, por tanto, son más efímeros. Antes de su entrada en vigor, las leyes son más debatidas, en teoría por más representantes sociales”, aclara el facultativo.

Una ley general y planes diseñados por cargos intermedios


Una de las consecuencias de la elaboración de tantos planes y estrategias por parte de las autoridades sanitarias y su posterior dejadez para ejecutarlos, es la pérdida de “confianza” en los dirigentes por parte del primer nivel asistencial.

Sin embargo, según detalla Beato, se debe diferenciar entre los diferentes perfiles existentes. “Cuando se habla de gestores sanitarios, tendríamos que diferenciar los de jerarquía superior y los que están más cercanos a los pacientes, como por ejemplo los directores de centros de salud. A menudo estos últimos han de sobrevivir, entre los gestores de alto nivel y sus compañeros del centro de salud, con normas, estrategias y planes que ellos no han elaborado”, asegura.

Precisamente estos gestores “de trinchera”, según denomina el facultativo, son los que “aportarían sentido” y darían “más credibilidad” a las directrices. “Ellos también serían capaces, bajo el amparo de una ley certera y de una autonomía que ahora no tienen, de elaborar estrategias específicas para cada uno de sus ámbitos de influencia”, asegura Beato Fernández.

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