Primaria vertebra en 5 ejes la mejora de la gestión de bajas en España
El gasto en IT alcanza los 33.000 millones y diferentes expertos reclaman una reforma estructural del sistema
Enrique Cabero; Purificación Morgado; Daniel García; Álvaro Hidalgo; Yolanda Valdeolivas; Vicente Pallarés y Vicente Martín.
19 jun 2026. 11.40H
POR REBECA COJO
El gasto por incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior y más de un 60 por ciento en comparación con hace una década. Estas cifras han reactivado el debate sobre la sostenibilidad del sistema y han centrado la presentación del informe 'La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma', elaborado con la participación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y promovido por la Fundación Economía y Salud.
El documento plantea que la incapacidad temporal no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como un mero instrumento administrativo, sino como una realidad compleja que integra factores sanitarios, sociales, laborales y económicos. En este sentido, los expertos coinciden en la necesidad de de una reforma estructural basada en la coordinación institucional, la eficiencia del sistema sanitario y la corresponsabilidad de todos los actores implicados.
Y es que el catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro Hidalgo, ha subrayado la dimensión del problema al recordar que "más de un millón y medio de personas cada día no van a trabajar por encontrarse en situación de incapacidad temporal", apuntando que el aumento del gasto se explica tanto por el crecimiento del número de casos como por la prolongación de muchos procesos de baja. En algunos casos, ha indicado, esta situación se debe a déficits de coordinación entre instituciones o a la falta de recursos humanos suficientes para agilizar diagnósticos y tratamientos.
Así, Hidalgo ha defendido que el informe no se limita al diagnóstico, sino que incorpora una propuesta concreta de actuación. Según ha explicado, el documento plantea "cinco medidas estratégicas" dentro de una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social.
La primera es la mejora de la coordinación entre instituciones, para reducir la duración innecesaria de los procesos de baja derivados de la falta de comunicación entre niveles administrativos y sanitarios. La segunda es el refuerzo de los recursos humanos y organizativos, especialmente en los ámbitos donde los retrasos en diagnósticos o tratamientos prolongan la incapacidad.
La tercera medida se centra en la agilización de los procesos clínicos y administrativos, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta del sistema. La cuarta apuesta por una gestión más eficiente de los recursos sanitarios y económicos, orientada a garantizar la sostenibilidad de la protección social sin comprometer la cobertura.
La quinta medida plantea preservar el carácter de equidad de la incapacidad temporal, asegurando que siga cumpliendo su función de protección de ingresos para quienes no pueden trabajar por motivos de salud.
En palabras de Hidalgo, el objetivo es "garantizar la continuidad de un sistema que permite la equidad para aquellas personas que transitoriamente pierden sus ingresos económicos como consecuencia de una situación de frenada transitoria".
Por su parte, Vicente Pallarés, vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, ha insistido en que "la incapacidad temporal no es un trámite administrativo”, sino "uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar". Según ha explicado, la gestión de la IT debe basarse en tres funciones esenciales: la protección de la renta del trabajador, la garantía del tiempo clínico adecuado para la recuperación y la cohesión social basada en la solidaridad colectiva.
A partir de este diagnóstico, Pallarés ha propuesto tres grandes líneas de reforma. En primer lugar, una modernización del sistema de gestión clínica, que permita mejorar el seguimiento de los pacientes y adaptar los tiempos de recuperación a la realidad médica de cada caso.
En segundo lugar, una mayor integración entre los distintos agentes implicados -Atención Primaria, mutuas, inspección médica, servicios de prevención y Seguridad Social- mediante sistemas de información compartidos que eviten duplicidades y agilicen decisiones.
En tercer lugar, ha defendido un cambio de modelo hacia la recuperación clínica y la reincorporación laboral progresiva, evitando tanto las reincorporaciones prematuras como las bajas innecesariamente prolongadas.
En este contexto, Pallarés ha advertido de que la actual situación responde a una "fuerte tensión estructural" derivada del envejecimiento poblacional, la transformación del mercado laboral y el aumento de patologías musculoesqueléticas y de salud mental.
Por eso, ha subrayado que "la escasa comunicación entre los distintos actores implicados" es uno de los principales factores que prolongan los procesos de baja y dificultan la recuperación.
A esta reflexión se ha sumado Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), que ha defendido la necesidad de distinguir con claridad entre incapacidad temporal y absentismo laboral. "No son expresiones sinónimas", ha advertido, subrayando que el primero es un derecho vinculado a la salud, mientras que el segundo implica una ausencia voluntaria del trabajo.
Cabero ha planteado que la principal reforma necesaria es la creación de un modelo de gestión coordinado entre administraciones, adaptado al sistema autonómico español. Según ha explicado, la actual fragmentación institucional dificulta la eficacia del sistema. En este sentido, ha propuesto otras tres grandes líneas de actuación. La primera es una coordinación real entre comunidades autónomas, Seguridad Social, empresas, mutuas y agentes sociales, con objetivos compartidos en materia de reducción de la IT.
La segunda es la optimización de los recursos sanitarios disponibles, orientando parte de ellos también a la reducción de la duración de las bajas mediante una mejor gestión clínica, diagnóstica y de seguimiento. Mientras, la tercera línea es el refuerzo de los mecanismos de control y prevención del fraude, algo que "existe" aunque ha matizado que "no hay evidencia científica de que las personas quieran estar enfermas o prolongar voluntariamente una incapacidad temporal".
Igualmente, ha defendido la necesidad de avanzar hacia modelos de reincorporación laboral progresiva y flexible, ya que no todas las enfermedades afectan de la misma forma a la capacidad de trabajo. En algunos casos, ha señalado, el propio empleo puede formar parte del proceso de recuperación si se adapta adecuadamente.
A las reflexiones económicas, sanitarias e institucionales se ha sumado la visión jurídica de Purificación Morgado, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca, quien ha puesto el foco en la complejidad estructural del sistema de incapacidad temporal y en la multiplicidad de actores que intervienen en su gestión.
Morgado ha recordado que, según datos de la AIReF de 2026, en España se registran "1,1 millones de ausencias diarias provocadas por la incapacidad temporal", lo que supone aproximadamente el 5,8 por ciento del PIB si se suman costes directos e indirectos.
Uno de los principales problemas, ha explicado, es la pluralidad de sujetos intervinientes: servicios públicos de salud autonómicos, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, inspecciones médicas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Nos encontramos con una colaboración pública de distintas administraciones y también con sujetos privados que participan en el proceso", ha señalado, subrayando además que "quienes inician el procedimiento no son siempre quienes pagan la prestación".
Esta fragmentación genera, según ha advertido, una falta de coordinación efectiva y una transmisión de información insuficiente entre los distintos niveles del sistema. En muchos casos, los médicos de Atención Primaria actúan como primer filtro del sistema, pero lo hacen con una lógica estrictamente sanitaria. "Lo que velan es por la salud del trabajador", ha explicado, lo que puede llevar a emitir bajas precautorias ante la falta de información suficiente sobre el puesto de trabajo.
A ello se suma la escasez de recursos en inspección médica, lo que dificulta el control de los procesos y contribuye a su prolongación. Cuando los expedientes llegan al INSS, ha señalado, "ya han pasado por procesos muy largos de incapacidad temporal", lo que eleva los costes y dificulta la gestión eficiente.
Morgado ha resumido el diagnóstico en una idea clave: "La información no fluye" entre los distintos actores del sistema, lo que provoca ineficiencias, sobrecarga administrativa y aumento del gasto.
En la misma línea, Daniel García, subdirector general de Gestión de Incapacidad Temporal del INSS, ha señalado que el sistema actual "no es ni eficiente ni sostenible" en su configuración actual, debido al incremento de la incidencia, la prevalencia y la duración media de los procesos de baja.
García ha defendido que el principal problema es la gobernanza del sistema, marcada por la coexistencia de la autoridad sanitaria autonómica y la autoridad gestora estatal. Esta dualidad genera tensiones estructurales difíciles de resolver sin una reforma profunda de la coordinación institucional.
El responsable del INSS ha insistido en la necesidad de mejorar los flujos de información entre servicios públicos de salud, mutuas, empresas e instituciones gestoras, así como de avanzar hacia historiales clínicos compartidos que permitan una visión integral del paciente. "El médico de Primaria debe saber qué funciones realiza el trabajador", ha señalado, como elemento clave para ajustar mejor las bajas a la realidad laboral.
García ha defendido también la necesidad de reforzar la prevención, la participación de las empresas y la medicina del trabajo, así como de replantear los modelos normativos actuales, que considera desfasados. "No se puede tratar la incapacidad temporal con una normativa de hace 40 años", ha advertido.
Finalmente, ha apostado por incorporar modelos de reincorporación progresiva, acompañamiento del trabajador durante el proceso de baja y una mayor integración entre salud laboral y sistema sanitario. Todo ello, ha concluido, dentro de un modelo basado en la corresponsabilidad colectiva e individual, en el que la incapacidad temporal se entienda como una prestación común que debe gestionarse de forma eficiente para garantizar su sostenibilidad.
Vicente Martín, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León y vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, por otro lado, ha defendido la necesidad de una modernización profunda de la incapacidad temporal, al considerar que el modelo actual responde a una estructura rígida y desfasada que no se ajusta a las transformaciones sociales y laborales. Según ha señalado, existe un consenso creciente sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema más flexible y adaptado a las nuevas realidades del empleo y de la organización productiva. “Hay que modernizar la gestión de la incapacidad temporal”, ha afirmado, insistiendo en que cualquier reforma debe equilibrar la protección del trabajador con la sostenibilidad del sistema, dado que los recursos públicos son limitados.
Martín ha puesto el foco en la falta de coordinación entre los distintos agentes implicados en la gestión de la incapacidad temporal, como los servicios públicos de salud, el INSS, las mutuas y la Medicina del Trabajo. Esta fragmentación, ha explicado, genera ineficiencias y dificulta una respuesta adecuada. "Cuando Primaria no se comunica con hospitalaria porque no comparten historia clínica, la situación se complica más”, ha advertido, defendiendo la necesidad de una interoperabilidad real que permita compartir información clínica y laboral con un objetivo común.
En esta línea, ha subrayado la importancia de integrar la medicina del trabajo en la Atención Primaria y de reforzar el papel de las empresas, que deben aportar información sobre los puestos de trabajo para mejorar la toma de decisiones clínicas. También ha defendido una mayor personalización de los casos, frente a soluciones generales, apoyándose en la digitalización como herramienta clave, aunque ha advertido de que la inteligencia artificial debe ser utilizada con prudencia, ya que no puede sustituir el juicio clínico.
Por su parte, Yolanda Valdeolivas, exsecretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, ha subrayado que la incapacidad temporal es un elemento estructural del Estado del bienestar y no un mero instrumento administrativo. Ha esgrimido que su análisis debe hacerse desde una perspectiva de interés general y no como un conflicto entre empresas y trabajadores. "Es un elemento absolutamente imprescindible del sistema de protección social", ha matizado, destacando su dimensión tanto individual como colectiva y su contribución a la cohesión social.
Valdeolivas ha advertido de que el sistema actual presenta importantes disfunciones, derivadas de la saturación del sistema sanitario, la falta de coordinación institucional y los desajustes en los incentivos de los distintos actores implicados. Estos factores, ha explicado, contribuyen a la prolongación innecesaria de algunas bajas y a la pérdida de eficiencia del sistema en su conjunto.
En este contexto, ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado y de reforzar el diálogo social como base para cualquier reforma. A su juicio, la incapacidad temporal debe abordarse como una política pública de alcance nacional, ya que de su correcto funcionamiento depende tanto la protección de la salud de los trabajadores como la estabilidad del sistema de protección social y la cohesión del conjunto de la sociedad.
El documento plantea que la incapacidad temporal no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como un mero instrumento administrativo, sino como una realidad compleja que integra factores sanitarios, sociales, laborales y económicos. En este sentido, los expertos coinciden en la necesidad de de una reforma estructural basada en la coordinación institucional, la eficiencia del sistema sanitario y la corresponsabilidad de todos los actores implicados.
Y es que el catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro Hidalgo, ha subrayado la dimensión del problema al recordar que "más de un millón y medio de personas cada día no van a trabajar por encontrarse en situación de incapacidad temporal", apuntando que el aumento del gasto se explica tanto por el crecimiento del número de casos como por la prolongación de muchos procesos de baja. En algunos casos, ha indicado, esta situación se debe a déficits de coordinación entre instituciones o a la falta de recursos humanos suficientes para agilizar diagnósticos y tratamientos.
Propuestas de reforma y sostenibilidad del sistema
Así, Hidalgo ha defendido que el informe no se limita al diagnóstico, sino que incorpora una propuesta concreta de actuación. Según ha explicado, el documento plantea "cinco medidas estratégicas" dentro de una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social.
La primera es la mejora de la coordinación entre instituciones, para reducir la duración innecesaria de los procesos de baja derivados de la falta de comunicación entre niveles administrativos y sanitarios. La segunda es el refuerzo de los recursos humanos y organizativos, especialmente en los ámbitos donde los retrasos en diagnósticos o tratamientos prolongan la incapacidad.
La tercera medida se centra en la agilización de los procesos clínicos y administrativos, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta del sistema. La cuarta apuesta por una gestión más eficiente de los recursos sanitarios y económicos, orientada a garantizar la sostenibilidad de la protección social sin comprometer la cobertura.
La quinta medida plantea preservar el carácter de equidad de la incapacidad temporal, asegurando que siga cumpliendo su función de protección de ingresos para quienes no pueden trabajar por motivos de salud.
En palabras de Hidalgo, el objetivo es "garantizar la continuidad de un sistema que permite la equidad para aquellas personas que transitoriamente pierden sus ingresos económicos como consecuencia de una situación de frenada transitoria".
La incapacidad temporal como pilar del Estado del bienestar
Por su parte, Vicente Pallarés, vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, ha insistido en que "la incapacidad temporal no es un trámite administrativo”, sino "uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar". Según ha explicado, la gestión de la IT debe basarse en tres funciones esenciales: la protección de la renta del trabajador, la garantía del tiempo clínico adecuado para la recuperación y la cohesión social basada en la solidaridad colectiva.
A partir de este diagnóstico, Pallarés ha propuesto tres grandes líneas de reforma. En primer lugar, una modernización del sistema de gestión clínica, que permita mejorar el seguimiento de los pacientes y adaptar los tiempos de recuperación a la realidad médica de cada caso.
En segundo lugar, una mayor integración entre los distintos agentes implicados -Atención Primaria, mutuas, inspección médica, servicios de prevención y Seguridad Social- mediante sistemas de información compartidos que eviten duplicidades y agilicen decisiones.
En tercer lugar, ha defendido un cambio de modelo hacia la recuperación clínica y la reincorporación laboral progresiva, evitando tanto las reincorporaciones prematuras como las bajas innecesariamente prolongadas.
En este contexto, Pallarés ha advertido de que la actual situación responde a una "fuerte tensión estructural" derivada del envejecimiento poblacional, la transformación del mercado laboral y el aumento de patologías musculoesqueléticas y de salud mental.
Por eso, ha subrayado que "la escasa comunicación entre los distintos actores implicados" es uno de los principales factores que prolongan los procesos de baja y dificultan la recuperación.
Absentismo e incapacidad temporal: una distinción clave
A esta reflexión se ha sumado Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), que ha defendido la necesidad de distinguir con claridad entre incapacidad temporal y absentismo laboral. "No son expresiones sinónimas", ha advertido, subrayando que el primero es un derecho vinculado a la salud, mientras que el segundo implica una ausencia voluntaria del trabajo.
Cabero ha planteado que la principal reforma necesaria es la creación de un modelo de gestión coordinado entre administraciones, adaptado al sistema autonómico español. Según ha explicado, la actual fragmentación institucional dificulta la eficacia del sistema. En este sentido, ha propuesto otras tres grandes líneas de actuación. La primera es una coordinación real entre comunidades autónomas, Seguridad Social, empresas, mutuas y agentes sociales, con objetivos compartidos en materia de reducción de la IT.
La segunda es la optimización de los recursos sanitarios disponibles, orientando parte de ellos también a la reducción de la duración de las bajas mediante una mejor gestión clínica, diagnóstica y de seguimiento. Mientras, la tercera línea es el refuerzo de los mecanismos de control y prevención del fraude, algo que "existe" aunque ha matizado que "no hay evidencia científica de que las personas quieran estar enfermas o prolongar voluntariamente una incapacidad temporal".
Igualmente, ha defendido la necesidad de avanzar hacia modelos de reincorporación laboral progresiva y flexible, ya que no todas las enfermedades afectan de la misma forma a la capacidad de trabajo. En algunos casos, ha señalado, el propio empleo puede formar parte del proceso de recuperación si se adapta adecuadamente.
Complejidad jurídica y actores en la gestión de la IT
A las reflexiones económicas, sanitarias e institucionales se ha sumado la visión jurídica de Purificación Morgado, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca, quien ha puesto el foco en la complejidad estructural del sistema de incapacidad temporal y en la multiplicidad de actores que intervienen en su gestión.
Morgado ha recordado que, según datos de la AIReF de 2026, en España se registran "1,1 millones de ausencias diarias provocadas por la incapacidad temporal", lo que supone aproximadamente el 5,8 por ciento del PIB si se suman costes directos e indirectos.
Uno de los principales problemas, ha explicado, es la pluralidad de sujetos intervinientes: servicios públicos de salud autonómicos, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, inspecciones médicas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Nos encontramos con una colaboración pública de distintas administraciones y también con sujetos privados que participan en el proceso", ha señalado, subrayando además que "quienes inician el procedimiento no son siempre quienes pagan la prestación".
Esta fragmentación genera, según ha advertido, una falta de coordinación efectiva y una transmisión de información insuficiente entre los distintos niveles del sistema. En muchos casos, los médicos de Atención Primaria actúan como primer filtro del sistema, pero lo hacen con una lógica estrictamente sanitaria. "Lo que velan es por la salud del trabajador", ha explicado, lo que puede llevar a emitir bajas precautorias ante la falta de información suficiente sobre el puesto de trabajo.
A ello se suma la escasez de recursos en inspección médica, lo que dificulta el control de los procesos y contribuye a su prolongación. Cuando los expedientes llegan al INSS, ha señalado, "ya han pasado por procesos muy largos de incapacidad temporal", lo que eleva los costes y dificulta la gestión eficiente.
Morgado ha resumido el diagnóstico en una idea clave: "La información no fluye" entre los distintos actores del sistema, lo que provoca ineficiencias, sobrecarga administrativa y aumento del gasto.
Hacia un sistema integrado, más ágil y con mayor coordinación
En la misma línea, Daniel García, subdirector general de Gestión de Incapacidad Temporal del INSS, ha señalado que el sistema actual "no es ni eficiente ni sostenible" en su configuración actual, debido al incremento de la incidencia, la prevalencia y la duración media de los procesos de baja.
García ha defendido que el principal problema es la gobernanza del sistema, marcada por la coexistencia de la autoridad sanitaria autonómica y la autoridad gestora estatal. Esta dualidad genera tensiones estructurales difíciles de resolver sin una reforma profunda de la coordinación institucional.
El responsable del INSS ha insistido en la necesidad de mejorar los flujos de información entre servicios públicos de salud, mutuas, empresas e instituciones gestoras, así como de avanzar hacia historiales clínicos compartidos que permitan una visión integral del paciente. "El médico de Primaria debe saber qué funciones realiza el trabajador", ha señalado, como elemento clave para ajustar mejor las bajas a la realidad laboral.
García ha defendido también la necesidad de reforzar la prevención, la participación de las empresas y la medicina del trabajo, así como de replantear los modelos normativos actuales, que considera desfasados. "No se puede tratar la incapacidad temporal con una normativa de hace 40 años", ha advertido.
Finalmente, ha apostado por incorporar modelos de reincorporación progresiva, acompañamiento del trabajador durante el proceso de baja y una mayor integración entre salud laboral y sistema sanitario. Todo ello, ha concluido, dentro de un modelo basado en la corresponsabilidad colectiva e individual, en el que la incapacidad temporal se entienda como una prestación común que debe gestionarse de forma eficiente para garantizar su sostenibilidad.
Modernización del sistema y necesidad de cambio
Vicente Martín, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León y vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, por otro lado, ha defendido la necesidad de una modernización profunda de la incapacidad temporal, al considerar que el modelo actual responde a una estructura rígida y desfasada que no se ajusta a las transformaciones sociales y laborales. Según ha señalado, existe un consenso creciente sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema más flexible y adaptado a las nuevas realidades del empleo y de la organización productiva. “Hay que modernizar la gestión de la incapacidad temporal”, ha afirmado, insistiendo en que cualquier reforma debe equilibrar la protección del trabajador con la sostenibilidad del sistema, dado que los recursos públicos son limitados.
Martín ha puesto el foco en la falta de coordinación entre los distintos agentes implicados en la gestión de la incapacidad temporal, como los servicios públicos de salud, el INSS, las mutuas y la Medicina del Trabajo. Esta fragmentación, ha explicado, genera ineficiencias y dificulta una respuesta adecuada. "Cuando Primaria no se comunica con hospitalaria porque no comparten historia clínica, la situación se complica más”, ha advertido, defendiendo la necesidad de una interoperabilidad real que permita compartir información clínica y laboral con un objetivo común.
En esta línea, ha subrayado la importancia de integrar la medicina del trabajo en la Atención Primaria y de reforzar el papel de las empresas, que deben aportar información sobre los puestos de trabajo para mejorar la toma de decisiones clínicas. También ha defendido una mayor personalización de los casos, frente a soluciones generales, apoyándose en la digitalización como herramienta clave, aunque ha advertido de que la inteligencia artificial debe ser utilizada con prudencia, ya que no puede sustituir el juicio clínico.
Necesidad de acuerdo social
Por su parte, Yolanda Valdeolivas, exsecretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, ha subrayado que la incapacidad temporal es un elemento estructural del Estado del bienestar y no un mero instrumento administrativo. Ha esgrimido que su análisis debe hacerse desde una perspectiva de interés general y no como un conflicto entre empresas y trabajadores. "Es un elemento absolutamente imprescindible del sistema de protección social", ha matizado, destacando su dimensión tanto individual como colectiva y su contribución a la cohesión social.
Valdeolivas ha advertido de que el sistema actual presenta importantes disfunciones, derivadas de la saturación del sistema sanitario, la falta de coordinación institucional y los desajustes en los incentivos de los distintos actores implicados. Estos factores, ha explicado, contribuyen a la prolongación innecesaria de algunas bajas y a la pérdida de eficiencia del sistema en su conjunto.
En este contexto, ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado y de reforzar el diálogo social como base para cualquier reforma. A su juicio, la incapacidad temporal debe abordarse como una política pública de alcance nacional, ya que de su correcto funcionamiento depende tanto la protección de la salud de los trabajadores como la estabilidad del sistema de protección social y la cohesión del conjunto de la sociedad.
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