El
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo por el cual se establecen una serie de
incentivos económicos y no económicos para atraer a profesionales a la 'sanidad vaciada' y retenerlos en estos
puestos de difícil cobertura de Atención Primaria. Como ya adelantó este periódico, entre dichos alicientes está la flexibilación de la
jornada de trabajo "con el objetivo de conciliar la vida laboral con la personal". Tal y como consta en el documento que ya ha hecho público el departamento liderado por
José Miñones, para llevar a cabo esta adaptación se deberá establecer "un intervalo mínimo de horario obligatorio incluida la concentración de la jornada (4 días/semana)".
El boceto de la
jornada de cuatro días para los médicos rurales dibujado por la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) no determina, sin embargo, cuántas horas tendría dicha jornada semanal. A diferencia de la propuesta defendida por
Más País, que hace alusión a una
jornada de cuatro días o 32 horas sin pérdida retributiva, el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Sanidad y las CCAA para
flexibilizar la jornada laboral de los especialistas de Primaria solo hace alusión a una "concentración" de la misma, sin concretar cuántas horas tendría. En la sanidad española hay
comunidades autónomas con 37,5 horas semanales mientras otras ya han instaurado las 35 horas.
El pacto, que será revisado en un plazo máximo de dos años después de su aprobación, desarrolla el
Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). No obstante, aunque está concebido para este ámbito sanitario, ministerio y CCAA se reservan la opción de poder aplicarlo a otras áreas: "Si bien este acuerdo está destinado al ámbito de la Atención Primaria, se hace extensible a los puestos de difícil cobertura de otros ámbitos de atención sanitaria".
Inventivos económicos para la Atención Primaria rural
El acuerdo contempla otros incentivos, económicos y no económicos, para atraer y retener a los profesionales del primer nivel asistencial. Por ejemplo, se establece un
complemento retributivo específico periódico, "requiriendo una permanencia en el puesto/zona de difícil cobertura de tres meses, como mínimo", que será revisable cada tres años. También se facilitará el acceso o se proporcionará ayuda económica para el desplazamiento o la vivienda.
El acuerdo también contempla una
mayor puntuación en los baremos en bolsa (un 15 por ciento adicional por cada dos años de permanencia que puede incrementarse al 30 por ciento si la permanencia es de tres años), así como en el baremo en los procesos de
provisión de plazas y en los concursos (un 20 por ciento adicional por cada dos años de permanencia que puede incrementarse al 40 por ciento) si la permanencia es de tres años.
Sanidad y CCAA contemplan, además, mejoras en la carrera profesional, como la "reducción del tiempo para el acceso a los dos primeros niveles de carrera profesional, por cada dos años de permanencia en un puesto de difícil cobertura". Esta medida sería aplicable una sola vez por nivel de carrera. Los profesionales también tendrían
acceso preferente a actividades de formación continuada o a proyectos de investigación.
También se establece una mayor puntuación del tiempo de ejercicio para la acreditación como tutor de la formación sanitaria especializada y/o profesor universitario y se facilita la
prolongación de la edad de jubilación parcial o total, "incluyendo la opción de acogerse a la jubilación activa mejorada".
La primera jornada de 4 días de la sanidad peligra
No obstante, el órdago contemplado por el Ministerio de Sanidad está en peligro por su estatus jurídico. Y es que
la jornada de cuatro días para los facultativos que ejercen en los entornos rurales puede desencadenar un aluvión de denuncias por la vía administrativa al ser entendidas como una “diferencia de trato” con respecto al resto de los profesionales de
Atención Primaria.
Estos nuevos incentivos pueden llevar a los médicos agraviados a movilizarse para reclamar una
igualdad con el resto de profesionales estatutarios e incluso a presentar las reclamaciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de cada comunidad autónoma, tal y como ha explicado a
Redacción Médica el abogado especialista en derecho laboralista Fabián Valero.
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