Las Consejerías de Salud de las diferentes comunidades autónomas del país van proponiendo e implementando incentivos económicos a sus residentes para que estos no opten por trasladarse a alguna otra región española a llevar a cabo su profesión sanitaria. Uno de los últimos territorios en proponer nuevas medidas ha sido Cataluña, pues en el año 2022-2023 ha ofrecido hasta
9.000 euros de bonus anuales a sus MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC). No obstante, y ante el panorama que han dejado los comicios del
28-M, en la especialidad llaman al ‘nuevo’ Interterritorial a que ejerza su labor de debate y coordinación para
homogeneizar los incentivos en toda la Atención Primaria.
“Entiendo que estamos en un país con 17 comunidades autónomas y que cada una toma sus decisiones. Sin embargo, el mayor valor que aporta el MIR es que homogeniza a todos los residentes y a todas las especialidades. Si es una convocatoria nacional, las decisiones no deberían quedar en cada CCAA, por lo menos
deberían coordinarse. Eso es lo esperable”, explica a este diario
Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (
SEMG). Es por ello que desde la propia especialidad solicitan que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (
Cisns) dé un paso más en su labor de coordinación y se involucre en la toma de decisiones.
“El
Interterritorial es un órgano que está ahí, pero los políticos deben tener
voluntad de coordinarse. Todo lo que sea de su competencia debería tratarse ahí, para que el órgano sea útil”, afirma Rodríguez Ledo. Y es que, en SEMG son conscientes de que la batería de incentivos que cada región lleva a cabo presenta una situación dispar para los residentes. Algo que tampoco gusta en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (
Semergen). Su presidente,
José Polo, incide en que el Sistema Nacional de Salud (
SNS) está “fraccionado” en 17 Servicios de Salud, y que mientras no se “unifiquen” las medidas y propuestas el primer nivel asistencial, seguirá en su senda actual, que no es otra que, según señala Polo, la lucha de las CCAA para ‘llevarse’ a los futuros especialistas.
Incentivos autonómicos a MIR de Familia
Si bien son varias las comunidades que ofrecen
tres años de contrato laboral tras la finalización de la residencia, los matices de unas a otras pueden generar esa ‘lucha’ de las CCAA por atraer al mayor número de sanitarios posibles. Por ejemplo,
Castilla y León oferta contratos de tres años, pero con un
25 por ciento de jornada para formación e investigación, con la posibilidad de realizar un máster de manera gratuita. La
Comunidad de Madrid, por su parte, propone un
plus de 450 euros mensuales adicionales por ocupar un puesto de categoría deficitaria, y un incremento adicional de 500 euros al mes en los salarios de los facultativos que trabajen en el turno de tarde fijo.
Además,
Baleares indica que el residente tiene la posibilidad de optar a alguna vacante que quede libre en la especialidad tras hacer el ‘contrato puente’ de tres años tras acabar el MIR, para su pronta incorporación a la vida laboral.
Cataluña, ahora, ha planteado a los
MIR que opten hacer MFyC en su comunidad un bonus de hasta 9.000 euros anuales. Todas estas son medidas que ya ha adelantado
Redacción Médica, y por las cuales en Familia solicitan un
Interterritorial decisorio y ‘vital’, no solo de reflexión y debate. “Tienen que ser medidas conjuntas, pero poner dinero encima de la mesa es pan para hoy y hambre para mañana”, valora Polo.
Es por ello que en Medicina de Familia ansían una
reforma integral de la Atención Primaria, ya que en la especialidad no creen que el sueldo de final de mes mueva a los futuros profesionales de la sanidad a escoger entre una u otra CCAA a la hora de realizar su residencia. Van más allá y ponen su ‘mira’ es
incentivos formativos, académicos e incluso de reconocimiento, aunque indican que el económico es otro de los problemas que debe solucionarse en el
primer nivel asistencial. En ese sentido, Familia incide en que hay que hacer más énfasis en las
plazas de difícil cobertura, para ofrecer medidas diferenciadas y especiales según la dificultad de esos puestos de trabajo. “Si nos dedicamos a valorar a todo el mundo con el mismo rasero, no podemos esperar que los de mayor dificultad se cubran. Si sobran sitios, y muchos de ellos son plazas ‘fáciles’, los difíciles nunca se cubrirán”, comenta Rodríguez Ledo.
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