Fedea alerta del "riesgo" energético en el hospital por el plan anticrisis

Un informe de Fedea advierte sobre el posible impacto negativo en el acceso al consumo eléctrico de servicios esenciales, como los hospitales, por la aplicación de varias medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. Según Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, el Real Decreto-ley abre “un escenario de discrecionalidad en la concesión de permisos de acceso” al dar “alta prioridad” a grandes proyectos industriales definidos como “estratégicos” por su interés público, lo cual genera “un alto riesgo” de “utilizar el cuello de botella que supone el acceso a la red eléctrica como un instrumento de ordenación industrial”.

En general, Rodríguez hace una valoración “positiva” del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado posteriormente por el Congreso. “Por un lado, recupera temporalmente algunas de las medidas de contención ya aplicadas durante la anterior crisis energética. Por otro, permite abordar un conjunto amplio de problemas vinculados a la situación actual del sector eléctrico”, resume.

Sin embargo, considera que hay “diversos asuntos” en la norma que “hubiesen requerido una mayor reflexión” para analizar sus potenciales efectos y, “muy probablemente”, una “redacción más precisa para evitar dudas sobre cómo deben interpretarse algunas de las cuestiones recogidas en el articulado”. Hay que recordar -y así lo hace el experto- que el uso de Reales Decreto-ley “imposibilita los procesos de audiencia pública previa y de informes, particularmente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”.

Una de esas dudas surge con el artículo 29, donde se define una categoría de proyectos “de alta prioridad” que tienen preferencia en las solicitudes de acceso y conexión. Si estos proyectos se admiten a trámite, quedan suspendidos los trámites del resto de instalaciones en el mismo nudo “salvo que sean compatibles”, señala Rodríguez.

Se consideran de alta prioridad los “servicios esenciales” como los hospitales, pero también -y he ahí el quid de la cuestión- los “proyectos estratégicos” según se definen en la propia norma: “Iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social y/o económico para el conjunto del país”.

Será el Comité de Inversiones Estratégicas, creado en el mismo Real Decreto-ley, el encargado de calificar a un proyecto como estratégico, y la posterior declaración como tal se hará por resolución de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Riesgo de "elevada discrecionalidad" en el acceso a la electricidad

El problema, para Rodríguez, es que esa definición es demasiado “amplia”: “El RDL deja la concreción (metodología) de cuáles deben ser las características de un proyecto estratégico para un desarrollo reglamentario posterior, de modo que de momento solo se conoce que en esos proyectos deben concurrir ‘razones de interés público, social y/o económico para el conjunto del país’”. El experto sostiene que esa circunstancia “puede someter el acceso a la red a una elevada discrecionalidad” teniendo en cuenta que es la Administración quien decide qué es un proyecto estratégico.

Es cierto que el artículo del Real Decreto-ley en el que se definen los proyectos estratégicos de inversión “se relaciona directamente” con otro artículo, el 28, del Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que continúa en fase de enmiendas en el Congreso. En esa otra norma también se detalla qué son  proyectos estratégicos y se crea el Comité mediante una disposición adicional, pero, según Rodríguez, “no hay referencia […] a un mecanismo de preferencia en el acceso y conexión a la red eléctrica”.

Lo que se indica es que la “ley tiene por objeto establecer las bases de ordenación del sector industrial y el marco de la política industrial”, algo que, a juicio del experto, “conduce a pensar que hay un alto riesgo de utilizar el cuello de botella que supone el acceso a la red eléctrica como un instrumento de ordenación industrial”. “Dicho de un modo más gráfico, utilizar la planificación energética como instrumento de planificación industrial”, añade.