Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado este jueves un
acuerdo que permitirá a los laboratorios fabricar medicamentos
genéricos antes del fin de la patente. El objetivo de este cambio en la normativa es facilitar la exportación de medicamentos genéricos o biosimilares a terceros países.
Este cambio dará la posibilidad a los fabricantes europeos de
crear una versión genérica de un medicamento protegido por un certificado complementario de protección (CCP) durante su periodo de validez siempre que se haga con la
intención de exportar dicho producto a un mercado distinto al europeo en el que la protección haya caducado o nunca haya existido.
Sobre este tema ya se pronunció
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de Aeseg, quien señaló a este periódico que el cambio en la normativa
"no colisiona con los intereses de la industria innovadora" y que es
"justo y lógico".
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Bruselas calcula que esta excepcición creará hasta 25.000 empleos en los próximos diez años
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Sin embargo, la posibilidad de que se diese este cambio,
no gustó a la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), que
criticó duramente la decisión del Parlamento Europeo
de avalar la modificación de esta norma para permitir la fabricación de genéricos dos años antes de la finalización de la patente.
Crecimiento en las exportaciones
La Comisión Europea ha subrayado que mantendrá el papel "pionero" de Europa en la investigación y desarrollo de medicamentos genéricos. Bruselas calcula, además, que esta excepción generará un crecimiento de las exportaciones con un v
alor superior a 1.000 millones de euros y creará hasta
25.000 nuevos empleos de alta cualificación en los próximos diez años.
La comisaria de Mercado Interior, Industria y Emprendimiento,
Elbieta Bienkowska, ha señalado que este cambio legal permite "eliminar una importante desventaja competitiva" a la que se enfrentaban los fabricantes europeos de medicamentos, que "pronto podrán c
ompetir en un plano de igualdad en los mercados globales".
Este pacto preliminar ha sido alcanzado entre los equipos negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (los estados miembros), las dos instituciones comunitarias con poderes legislativos que ahora deben adoptar formalmente las nuevas reglas para que
puedan entrar en vigor.
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