Eduardo Ortega Socorro. Valencia
La llegada de nuevas innovaciones también está llevando a que las administraciones aborden nuevas fórmulas para financiarlas, entre las que se encuentran algunas bien recientes, como los techos de gasto. Con esta idea, el Ministerio de Sanidad tiene a un grupo de expertos trabajando en la creación de umbrales de coste-efectividad para los fármacos, entre los que también se encontraría el cálculo del coste por año de vida ganado gracias a una terapia.
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Sonia González, Ana Lluch, Eduardo Díaz-Rubio, Ana Clopés y Marta Trapero.
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Así lo indica Marta Trapero, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra y de la Universidad Castilla-La Mancha, quien, con todo, considera que los evaluadores españoles “están obsesionados con los umbrales” y considera que el camino de España en materia de financiación de innovaciones debe ser los “acuerdo de riesgo compartido, que realzan el valor y la importancia que puedan representar los productos”.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, como ya ha contado Redacción Médica, parece tener otros planes, con el foco puesto, los techos de gasto. Y es que la puesta en marcha del riesgo compartido tiene inconvenientes, como “la falta de transparencia y cómo hacer los registros de datos”, reconoce Sonia González, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
Estas cuestiones se han abordado durante el seminario Scientific and Access Breakthrough in Oncology, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con el patrocinio de MSD en Valencia. En él también se han abordado como los recelos que todavía sienten las comunidades autónomas respecto a los informes de posicionamiento terapéutico (IPT). De hecho, para Ana Lluch, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Valencia, estas herramientas no son más que “un marco de actuación que no nos ata al cien por cien”. Y, de hecho, reconoce que “si la autonomía no interviene en el IPT, poco caso va a hacerle”.
También Ana Clopés, directora de Farmacia del Instituto Catalán de Oncología (ICS), aunque alaba la idea (criticando, con todo, que no se haya cerrado el cínculo del IPT con una evaluación farmacoeconómica), incide en que “el problema es cómo se participa”. Por ello, González propone aumentar la influencia de las autonomías en su elaboración.
Con todo, Eduardo Díaz-Rubio, jefe de Servicio de Onocología Médica del Hospital Clínico de Madrid, ha recordado que estos informes son vinculantes por ley y que, en caso de acción legal, las regiones tendrán que obedecerlos.
Falta de equidad en el acceso
Por otro lado, los expertos reunidos en Valencia también han abordado los problemas de acceso a los medicamentos, especialmente a los oncológicos, y la falta de equidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
De hecho, Lluch avisa de que esta circunstancia se da entre hospitales de la misma región. “Esto está provocando que haya atención oncológica de primera a cuarta clase en una misma autonomía, porque todos quieren ser la Clínica Mayo”.
Avisa de que esta falta de equidad se acentúa especialmente en el caso de los medicamentos innovadores, como los que traerá la ola inmunooncológica que se avecina, algo a lo que también teme Clopés. “La equidad que realmente me preocupa es la del fármaco realmente innovador”. Por su parte, González, que comparte estos planteamientos, avisa de que “falta conocer la falta real de equidad, su evidencia”, y anuncia un estudio que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) tienen en marcha para abordar esta cuestión en el terreno del cáncer.
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