El
Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la revisión de
Revalmed, la Red Española de Evaluación de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud, encargada de elaborar los
Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los fármacos. Esta evaluación llega en un momento en el que parte del sector sanitario pide cambios en la forma de elaborar estos informes, al considerar que al modelo le falta transparencia y necesita más profesionalización. Una de las demandas es que cada IPT vaya 'firmado', es decir, figure un
médico especialista en la patología a la que va dirigida el fármaco.
Con la revisión de Revalmed, una de las primeras cuestiones que surgen es qué es aquello que se detecta que necesita una modificación para mejorar la forma de elaborar los informes clínicos.
Cristina Avendaño, vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (
Facme) considera prioritario "mejorar la participación en el proceso de elaboración de los IPT a los médicos expertos en la enfermedad a la que se dirige el medicamento".
"Actualmente la participación de los expertos en la patología a la que va dirigida el medicamento es muy baja, y creemos que
no se puede evaluar con una colaboración tan escasa", reivindica Avendaño.
Una de las modificaciones de los IPT más controvertidas fue añadir la evaluación económica del medicamento a la información clínica. Un 'añadido' con el que parte del sector sanitario no está convencido, al considerar que con él prima más la parte presupuestaria que la terapéutica, "poniendo en peligro la llegada de
fármacos innovadores".
Avendaño recuerda que, "aunque es necesaria la evaluación económica", no se puede dejar la clínica de lado, y para ello es necesario
médicos expertos en la materia. Añade que, en la designación de estos expertos "deberían estar las sociedades científicas", pues son "las que pueden identificar a los especialistas que sí cuentan con esos conocimientos".
IPTs más transparentes
Apela, además, a la necesidad de que el proceso sea más transparente. Desde Facme ya han reivindicado, a través de un documento publicado este verano, que los expertos de los informes técnicos "no pueden ser secretos" y argumentan la importancia de que esto no ocurra, ya que los expertos actuales "están vinculados a organizaciones y administraciones que no se hacen responsables de los informes que realizan" y además no se conoce su sistema de elección. "Los expertos tienen que
funcionar bajo el paraguas de una administración que rinda cuentas por los informes que sus expertos realizan, como podría pasar en la Aemps", indican.
Además, en el documento hacen hincapié en un tema que también menciona Avendaño: la preparación para el sistema de evaluaciones clínicas conjuntas que entrará en vigor en enero de 2025. Esta integración será necesaria, puntualizan, "para captar las tasas europeas correspondientes y autofinanciar su sistema nacional de evaluación de tecnologías sanitarias".
Reducción de tiempos para los IPT
Por otro lado, Avendaño señala la necesidad de
reducir los tiempos de espera y la posterior publicación de los informes. "Creemos que hay una demora excesiva para la primera toma de decisión. Se alarga mas de un año y es una situación muy difícil para los pacientes y médicos en los hospitales", indica la vocal de Facme.
A esta reivindicación se une
Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP): "Tanto técnicos como pacientes rellenamos los informes y luego llega el desconocimiento total", asegura el presidente, que asegura que, el no saber los resultados y no tener unos tiempos acotados, "genera mucha frustración".
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"Es excesiva la demora de tiempo de un IPT hasta que llega la primera toma de decisión de financiación"
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Asimismo, por parte de los pacientes surge otra propuesta de cambio: una
mayor accesibilidad desde el punto de vista terminológico. "Celebramos que se tenga en cuenta la opinión de los pacientes, pero muchas veces la gente tiene dificultad para entender bien los informes", asegura, lo cual dificulta el proceso, pues es más complejo para esta rama su participación en la elaboración de los IPT.
Otra de las reivindicaciones de Avendaño pasa por la separación de la evaluación clínica y económica para que haya mayor independencia en la primera. "Ahora mismo está todo mezclado en un único documento. Estas tienen que hacerse por separado, con especialistas expertos en cada materia y que se presenten dos informes que sean públicos", indica y asegura que esta es "la manera de tener garantía de independencia".
Así, las necesidades detectadas pasan por la necesidad de un sistema más transparente, la agilización de los tiempos y la
inclusión de médicos especialistas en los informes. Resume Avendaño: "Necesitamos profesionalizar el sistema y contar con expertos clínicos para mejorar el funcionamiento del abordaje de los IPT".
Puntos débiles de los IPT para la industria
La industria farmacéutica también se ha posicionado sobre el actual modelo de IPT. Farmaindustria aseguró que "en la práctica" los IPT suponen "una
paralización del trámite de financiación de los medicamentos mientras en informe se realiza", lo que dilata los tiempos de información. Además, indicaron que la media de espera de los IPT suele ser de 450 días, mientras que el proceso de financiación marca una duración máxima de 180 días.
Además, desde Farmaindustria explicaron que el modelo de estos informes "presenta algunas lagunas en cuanto al traslado de la información necesaria para las compañías farmacéuticas". Esta es una de las faltas detectadas tanto por el Foro de Pacientes como por Facme. Desde Farmaindustria puntualizaron que
cuando comienza un IPT "no se conoce cuál será la duración total del procedimiento; no se da traslado a la compañía farmacéutica del resultado del proceso interno de priorización y tampoco se comparte un calendario que permita establecer estimaciones de financiación".
Asimismo, recordaron que hay "algunas
carencias metodológicas" como que se mezclen las evaluaciones clínica y económica de los medicamentos, que deben hacerse separadamente, como apuntaba Avendaño; o que se limite la participación de sociedades científicas y pacientes.
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