Nuevos criterios,
precios industriales máximos y márgenes de distribución y dispensación. Son las principales recomendaciones que ha realizado la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras su análisis del proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud (SNS) para pacientes no hospitalizados.
"Hasta la fecha no se ha procedido a regular los márgenes comerciales correspondientes a la
distribución y dispensación de productos sanitarios, siendo que, en la práctica, este hecho ha supuesto también la imposibilidad de incluir nuevos productos sanitarios en el régimen de financiación del
SNS. La falta de este desarrollo reglamentario supone la libre determinación de márgenes (distribución y dispensación), en función de la
libertad y autonomía empresarial de los operadores", señalan los autores del informe.
De hecho, no es la primera vez que la
CNMC se ha mostrado crítica en el pasado con este marco, siendo estos algunos de los puntos clave: la equiparación cuasi automática del
régimen de financiación y márgenes aplicable a medicamentos y productos sanitarios; la existencia de un sistema de márgenes de distribuidores y dispensadores completamente intervenido, la
reserva de venta en farmacias y la existencia de restricciones existentes en las oficinas de farmacia que deberían ser objeto de replanteamiento.
Propuestas de mejora en la financiación sanitaria
No obstante, eso tiene que ver más con el
marco jurídico actual de los productos sanitarios en nuestro país; por esto mismo, sobre el
proyecto del Real Decreto (PRD) subrayan dos aspectos que hay que mejorar. Por un lado, criterios para aprobar la inclusión de un producto sanitario en la prestación farmacéutica del SNS así como para fijar los precios industriales máximos. "Sería recomendable que, tanto para la
inclusión de productos sanitarios en el SNS, como para la fijación de los precios industriales, el PRD estableciera una mayor concreción de los criterios ya recogidos en
la Ley de Garantías, de forma que el proceso, respetando los principios de buena regulación, fuera mucho más transparente, reglado y verificable, aportando además una
mayor seguridad jurídica a los operadores", han apuntado.
Según explican, el enfoque del proyecto apunta a querer establecer un régimen de financiación y márgenes para los productos sanitarios de forma homogénea o muy similar al ya existente para medicamentos. Los procedimientos para incluir
un producto en el SNS, así como los criterios para fijar los precios industriales son similares, y hasta los márgenes, como se verá en las observaciones particulares, siguen una misma estructura dual (primero un porcentaje del precio industrial y, por encima de un cierto umbral, un importe por envase adquirido). Sin embargo, la CNMC ha rechazado de forma consistente en anteriores informes esta equiparación cuasi automática entre medicamentos y productos sanitarios puesto que esta decisión "
obvia la diferente naturaleza de los productos sanitarios, que en principio requerirían un régimen menos restrictivo que el aplicable a los medicamentos".
En segundo lugar, la CNMC apuesta por el
establecimiento de márgenes de distribución y dispensación. Se recomienda reforzar, desde la óptica de los principios de buena regulación, la justificación de la estructura y de las cifras concretas de márgenes utilizados, así como valorar la posibilidad de que los mismos pudieran
establecerse como topes máximos.
En estos momentos, la ley de Garantías establece que la Administración debe fijar los márgenes tanto de los distribuidores de medicamentos y productos sanitarios como
de dispensación en oficinas de farmacia. "Se trata de una restricción elevada a la actividad económica y que, especialmente para productos sanitarios, no parece completamente justificada, pues no permite a distribuidores ni a farmacias
competir reduciendo precios o mejorando sus servicios", sostienen.
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