La
compra pública por valor se alza como un modelo "eficiente y ágil" para mejorar el acceso a los fármacos innovadores pero requiere de la coordinación de las comunidades autónomas y del seguimiento de criterios clínicos. Así lo creen fuentes de la industria farmacéutica española que reclaman un
cambio en la adquisición de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de beneficiar al paciente.
"Los modelos deben irse
adaptando a las diferentes realidades de cada momento. En la actualidad, estamos yendo hacia una Medicina cada vez más personalizada y, por ello, en muchos tratamientos innovadores deberíamos apostar por seguir los criterios clínicos, en lugar de continuar aplicando los actuales
procedimientos de contratación pública", subrayan desde el sector pharma.
En este sentido, hay varios aspectos que se deben tratar para
lograr la efectividad de este sistema. Tal y como apuntan dichas fuentes, para empezar debe ser un modelo enfocado en los
resultados en salud por y para el paciente. Su evolución tiene que ser hacia una nueva cultura de compra pública de salud que "atienda al concepto de valor y que
armonice el impacto clínico y técnico de los medicamentos y el económico para el propio sistema sanitario". Por esta razón, la
colaboración público-privada puede jugar un importante papel a la hora de asegurar el acceso a la innovación desde la equidad al mismo tiempo que se
mantiene la sostenibilidad del sistema. Además, en paralelo hay que
trabajar en la medición de resultados, incorporando indicadores de evaluación.
Ventajas de la compra pública por valor
Dar un empujón al
acceso de los medicamentos innovadores es más necesario que nunca. De hecho, Farmaindustria señala en su documento '
El acceso a los medicamentos en España: diagnóstico y recomendaciones' que, en los últimos años, se ha registrado un
"empeoramiento significativo" del acceso a estos tratamientos en nuestro país, al tiempo que existen
diferencias crecientes entre las comunidades autónomas.
Concretamente, desde la industria farmacéutica apuntan que mejorar estos tiempos lograría que
la esperanza y la calidad de vida de los pacientes aumentaran notablemente. "La incorporación de criterios de valor, más allá del precio, en los procedimientos públicos, tiene como finalidad
una mejora de los resultados clínicos, ampliación del acceso a los tratamientos innovadores, así como la
optimización de costes", señalan.
No obstante, hay un escollo importante: la propia
Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una
norma general para la compra de bienes y servicios que carece de apartado específico de compra pública de medicamentos. Por ello, el sector señala que es
"muy necesaria" una regulación específica para esta adquisición.
"Tal y como se pone de manifiesto en el
Observatorio de Contratación Pública, la causa de la adquisición se aleja de los principios regulatorios inherentes a la contratación pública, donde forzar una
inadecuada tensión competitiva puede traducirse en una
peor calidad asistencial, al limitarse la oferta terapéutica, que es y debe ser el principio rector en la toma de decisiones pues prima en todo caso el fin de la
mejor asistencia a los pacientes", sostienen estas fuentes del sector.
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