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Las patronales europeas se unen para intentar frenar la Directiva de Aguas
Desde la industria exigen a Bruselas una pausa en la aplicación del sistema de responsabilidad ampliada
Comisión Europea.
26 feb 2026. 12.00H
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POR ESTEBAN ALARCÓN
La presión se eleva un poco más sobre Bruselas. Las principales patronales europeas de la industria farmacéutica y cosmética han unido sus quejas para intentar frenar la aplicación del régimen de responsabilidad ampliada del productor (EPR) incluido en la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD).
En un comunicado conjunto firmado por Cosmetics Europe, Efpia, Aesgp y Medicines for Europe, las organizaciones piden a los ministros de Economía de la UE que reclamen a la Comisión Europea una cláusula de "stop the clock" para suspender temporalmente la implementación del sistema y revisarlo en profundidad.
El documento, fechado el 25 de febrero en Bruselas, alerta de que el coste de adaptar las estaciones depuradoras europeas con tratamientos cuaternarios podría ser entre tres y cinco veces superior a las estimaciones iniciales de la Comisión. Mientras el Ejecutivo comunitario calculó un impacto de hasta 1.400 millones de euros anuales hasta 2045, análisis nacionales citados por la industria elevan la factura potencial a una horquilla de entre 1.180 y más de 7.000 millones de euros al año, lo que, a su juicio, genera una "incertidumbre severa" para los sectores afectados.
Las patronales sostienen que la Directiva, tal y como está diseñada, impone costes "desproporcionados, impredecibles y potencialmente excesivos" a las compañías farmacéuticas y cosméticas, al atribuirles una carga contaminante basada en datos científicos que consideran erróneos. En el caso del medicamento, subrayan que los cuatro principios activos que la Comisión identificó como responsables del 58 por ciento de la carga tóxica industrial representarían en realidad menos del 1 por ciento si se aplicaran los datos de evaluación ambiental exigidos por la Agencia Europea del Medicamento. En cosmética, denuncian la inclusión de sustancias prohibidas o no utilizadas por el sector.
Tal y como ha informado previamente este medio, el sector europeo ha dejado claro que mantendrán su pulso con Bruselas, tanto en el plano político como en el jurídico, tras las primeras resoluciones judiciales desfavorables. Las organizaciones consideran que el sistema EPR vulnera el principio de "quien contamina paga" al focalizar la financiación casi exclusivamente en dos sectores, pese a que en fases preliminares se identificaron más actividades con potencial contribución a los microcontaminantes.
Redacción Médica ya avanzó que la industria farmacéutica volvería a pedir una pausa en la aplicación de la Directiva ante el Consejo de Competitividad, consciente del impacto que podría tener en precios y suministro. Las compañías recuerdan que, en el ámbito del medicamento financiado, operan con precios intervenidos y márgenes estrechos, por lo que no pueden repercutir los nuevos costes regulatorios. En consecuencia, advierten de posibles riesgos para la viabilidad de determinados productos y para la continuidad del suministro a millones de pacientes en Europa.
Desde la óptica empresarial, la revisión de la UWWTD no implica un rechazo a los objetivos medioambientales. Las cuatro patronales insisten en que comparten la necesidad de proteger los recursos hídricos y reducir la presencia de microcontaminantes. Sin embargo, reclaman que las obligaciones financieras se basen en análisis científicos "robustos, proporcionados y basados en evidencia real", especialmente en un contexto en el que la Unión Europea busca reforzar su competitividad industrial y reducir cargas regulatorias.
La petición de "stop the clock" pretende ganar tiempo para rehacer los estudios de impacto y redistribuir la responsabilidad entre los distintos sectores implicados. De prosperar, supondría un giro relevante en uno de los expedientes medioambientales más sensibles para la industria sanitaria europea.
En un comunicado conjunto firmado por Cosmetics Europe, Efpia, Aesgp y Medicines for Europe, las organizaciones piden a los ministros de Economía de la UE que reclamen a la Comisión Europea una cláusula de "stop the clock" para suspender temporalmente la implementación del sistema y revisarlo en profundidad.
"Stop the clock" ante el alza de costes
El documento, fechado el 25 de febrero en Bruselas, alerta de que el coste de adaptar las estaciones depuradoras europeas con tratamientos cuaternarios podría ser entre tres y cinco veces superior a las estimaciones iniciales de la Comisión. Mientras el Ejecutivo comunitario calculó un impacto de hasta 1.400 millones de euros anuales hasta 2045, análisis nacionales citados por la industria elevan la factura potencial a una horquilla de entre 1.180 y más de 7.000 millones de euros al año, lo que, a su juicio, genera una "incertidumbre severa" para los sectores afectados.
Las patronales sostienen que la Directiva, tal y como está diseñada, impone costes "desproporcionados, impredecibles y potencialmente excesivos" a las compañías farmacéuticas y cosméticas, al atribuirles una carga contaminante basada en datos científicos que consideran erróneos. En el caso del medicamento, subrayan que los cuatro principios activos que la Comisión identificó como responsables del 58 por ciento de la carga tóxica industrial representarían en realidad menos del 1 por ciento si se aplicaran los datos de evaluación ambiental exigidos por la Agencia Europea del Medicamento. En cosmética, denuncian la inclusión de sustancias prohibidas o no utilizadas por el sector.
Tal y como ha informado previamente este medio, el sector europeo ha dejado claro que mantendrán su pulso con Bruselas, tanto en el plano político como en el jurídico, tras las primeras resoluciones judiciales desfavorables. Las organizaciones consideran que el sistema EPR vulnera el principio de "quien contamina paga" al focalizar la financiación casi exclusivamente en dos sectores, pese a que en fases preliminares se identificaron más actividades con potencial contribución a los microcontaminantes.
"Riesgos" para el acceso a medicamentos
Redacción Médica ya avanzó que la industria farmacéutica volvería a pedir una pausa en la aplicación de la Directiva ante el Consejo de Competitividad, consciente del impacto que podría tener en precios y suministro. Las compañías recuerdan que, en el ámbito del medicamento financiado, operan con precios intervenidos y márgenes estrechos, por lo que no pueden repercutir los nuevos costes regulatorios. En consecuencia, advierten de posibles riesgos para la viabilidad de determinados productos y para la continuidad del suministro a millones de pacientes en Europa.
Desde la óptica empresarial, la revisión de la UWWTD no implica un rechazo a los objetivos medioambientales. Las cuatro patronales insisten en que comparten la necesidad de proteger los recursos hídricos y reducir la presencia de microcontaminantes. Sin embargo, reclaman que las obligaciones financieras se basen en análisis científicos "robustos, proporcionados y basados en evidencia real", especialmente en un contexto en el que la Unión Europea busca reforzar su competitividad industrial y reducir cargas regulatorias.
La petición de "stop the clock" pretende ganar tiempo para rehacer los estudios de impacto y redistribuir la responsabilidad entre los distintos sectores implicados. De prosperar, supondría un giro relevante en uno de los expedientes medioambientales más sensibles para la industria sanitaria europea.
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