Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Por fin, la fórmula para vincular el gasto farmacéutico a la evolución del producto interior bruto ha finalizado su recorrido legislativo. El Congreso de los Diputados ha dado el sí definitivo a al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el que se encuentra integrado la medida.
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Pedro María Azpiazu, del PNV, y Antoni Picó, de CiU.
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Pero esta aprobación no se ha logrado sin controversia y polémica. A pesar de que durante el debate inicial de la propuesta, presentada como una enmienda, los representantes del Grupo Popular aseguraron que iban a estar abiertos a negociar cambios y propuestas con otras formaciones, esto no ha sido así ni en el pleno de la Cámara Baja ni en el Senado.
Por ello la medida ha sido rechazada frontalmente por los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario de este miércoles. Pedro María Azpiazu, del PNV, la ha descrito como “autoritaria e intransigente”, dado que supone “una clarísima intromisión y vulneración competencial”, dado que limita el gasto que las regiones pueden hacer en medicamentos financiados, so pena de duras sanciones (como anular la cartera complementaria de prestaciones). Por todo eso, considera que se ha llevado a cabo “con premeditación y alevosía”, y que este asunto se debería haber debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera.
Mientras, Antoni Picó, de CiU, ha lamentado que “ninguna de nuestras propuestas al respecto haya sido aprobada o transaccionada”, sobre todo dado que los populares “se habían comprometido a aceptar aportaciones, y no lo han hecho”. Por ello considera que “el Gobierno prefiere financiar de forma extraordinaria, por créditos, a hacerlo por la vía ordinaria. Y todo esto tiene un objetivo que todos nos imaginamos”.
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María Eugenia Romero, del PP y María José Vázquez, del PSOE.
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El representante del grupo catalán también ha opinado que el ejecutivo “quiere intervenir en las competencias sanitarias”, pero sin haberlo hablado con las comunidades autónoma, “algo que sabemos que no se ha hecho”. Asimismo, denuncia que la medida se haya propuesto a la Comisión Europea como una de las fórmulas para lograr un ahorro de 500 millones en 2015 y otros 500 millones en 2016 en materia de gasto farmacéutico.
La clave, la infrafinanciación
Picó ha puesto el foco en que lo que se debe resolver en las autonomías “es el problema de la infrafinanciación de la sanidad, con una financiación específica de las nuevas innovaciones”.
La socialista María José Vázquez Murillo se muestra de acuerdo con esta idea y asegura que el PP lo que quiere es “controlar toda la política sanitaria”. Además, advierte de que “todas las comunidades autónomas tendrán que acogerse” a la herramienta por la que se vinculará el gasto farmacéutico al PIB, a pesar de ser de adhesión voluntaria, “porque el sistema está infrafinaciado”. Con todo, también ha dicho, sarcásticamente, que “las regiones no podría invertir más en sanidad igualmente, porque lo dice Montoro”.
Sin embargo, la diputada popular María Eugenia Romero, a pesar de todos los reproches, ha reiterado que “con esta herramienta se intenta dar liquidez al gasto farmacéutico, y es de adhesión voluntaria. Quien no quiera sumarse, que no lo haga”.
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