Durante los últimos meses, el nombre de
Aspen ha estado muy presente en los medios de comunicación. La compañía acumula sospechas y acusaciones de subidas injustificadas y meteóricas de los
precios de sus medicamentos contra el cáncer, entre ellos la popular
quimioterapia clorambucilo. La última administración en sumarse a este frente es la
Comisión Europea, que ha informado de que ha abierto una investigación contra la compañía sudafricana por estas prácticas.
Según indica en un comunicado la Comisión, esta es el primer proceso de este tipo que que abre por
“prácticas de precios excesivos de la industria farmacéutica”. Bruselas apunta que hay información que apunta que Aspen habría impuesto a sus productos “aumentos de precio muy significativos e injustificados de hasta el cien por ciento”. Además, para imponer tales subidas, la compañía habría amenazado con retirar sus productos de los estados miembro, algo que ha llevado a cabo en varios de ellos.
De esta manera, la farmacéutica habría infringido varias reglas de Competencia de la UE, según apunta
Marguethe Vestager, comisaria europea. Además de clorambucilo, los productos sobre los que se habrían aplicado las citadas subidas (todos ellos con patente caducada) a melfalán, mercaptopurina, tioguanina y busulfán.
Investigaciones abiertas
Hace tiempo que Aspen está en el ojo del huracán. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le
abrió a la compañía un expediente en febrero por el desabastecimiento deliberado del mercado nacional de ciertos medicamentos con objeto de eludir el precio intervenido aplicable en el mercado español e importarlos de otros países europeos (Francia, Italia, Holanda, etc.), pudiendo así imponer los incrementos de precios determinados por la propia Aspen.
No iba desencaminada en su sospecha la CNMC, a pesar de que todavía no ha resuelto el expediente sancionador y la investigación ya en marcha, puesto que según reveló una serie de
correos hechos públicos en ‘The Times’, la compañía sudafricana pidió un incremento de precios del 4.000 por ciento al Ministerio de Sanidad y, si las Administraciones Públicas no cedían al incremento, planeó destruir el producto.
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