Cuando se habla de
sostenibilidad en el marco de la contratación pública sanitaria, la incorporación de criterios específicos incluye un principio que, para el sector farmacéutico es fundamental y es el de
no comprometer el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica.
Así lo aseguran fuentes de la industria en declaraciones a
Redacción Médica, dentro de un
contexto de transformación del modelo de compra pública, en el que las compañías coinciden en la necesidad de "equilibrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el valor clínico de los medicamentos".
"Existe un avance claro y muy positivo en la incorporación de
criterios ESG en la contratación pública sanitaria”, asumen estas fuentes, aunque advierten de que "sigue existiendo una
heterogeneidad relevante entre administraciones en cuanto al alcance, la ponderación de estos criterios y las metodologías de cálculo".
Sostenibilidad sí, pero alineada con el valor clínico
Este diagnóstico es compartido por otras compañías del sector, que ya han señalado en sus estrategias la
falta de homogeneidad como uno de los principales retos. Sin embargo, desde la pharma introducen en el debate la necesidad de preservar el acceso a la innovación. "Cualquier evolución de la contratación pública debe preservar un principio fundamental: garantizar el acceso rápido, equitativo y sostenido de los pacientes a la innovación terapéutica", subrayan.
En este sentido, la compañía recuerda que los
medicamentos innovadores "no solo mejoran los resultados en salud, sino que contribuyen de forma estructural a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas sanitarios".
Además, uno de los principales mensajes de la industria es que
los criterios ESG "deben integrarse de forma coherente con el objeto del contrato", con el objetivo de "asegurar estándares elevados de sostenibilidad, ética y gobernanza".
Colaboración y mayor seguridad jurídica
La
armonización de criterios es uno de los puntos donde existe mayor consenso. Desde la industria consideran que "sería deseable avanzar hacia una mayor armonización de métricas", especialmente en ámbitos como la medición de la huella ambiental o la diferenciación entre envase del medicamento y embalaje logístico.
La falta de estándares comunes no solo dificulta la comparación entre ofertas, sino que también puede generar
inseguridad jurídica en los procesos de contratación. Por ello, la compañía apuesta por el desarrollo de "guías sectoriales comunes que definan límites, periodos y factores de emisión homogéneos".
Además, subrayan que cada criterio debe estar vinculado al objeto del contrato, tal y como establece la normativa, reservando las prescripciones técnicas para aquellos casos donde existan estándares claros. De este modo,
los procesos de adjudicación pueden seguir centrados en el valor clínico y asistencial.
Por último, el sector coincide en que el avance hacia una contratación pública más sostenible requerirá una
mayor colaboración entre administraciones, industria y otros agentes del sistema sanitario. "Todo ello requiere una colaboración público-privada estrecha, orientada a la co-creación de estándares, guías y herramientas comunes", concluyen.
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