El Gobierno ha aprobado este lunes el anteproyecto de la
nueva Ley de Industria, con la que pretende actualizar el actual marco normativo, en vigor desde hace tres décadas, para responder a las necesidades y los grandes retos de las actividades industriales en
España. Una normativa con la que se 'blinda' el empleo industrial, ya que, entre otras medidas, establece que las
empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres en caso de pymes. Si bien, esta ley no tiene un apartado propio para farmacéuticas.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, esta ley un compromiso del Gobierno "que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la
economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país, de forma que contribuye a incrementar el peso de las actividades industriales en nuestra estructura económica y social y a obtener para nuestro país un crecimiento más sostenible y digital y una mayor resiliencia ante los retos derivados de la pandemia y la
guerra en Ucrania”.
Los principales objetivos de la Ley son los siguientes:
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La garantía de la libertad de establecimiento de empresas industriales.
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La protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa.
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La promoción de un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales y el impulso de proyectos tractores y de interés general.
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La promoción industrial y la mejora de su competitividad.
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La internacionalización de la empresa industrial, así como la atracción de inversiones estratégicas y tractoras de la economía.
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La promoción y control de la seguridad y calidad industrial y el establecimiento del régimen general de responsabilidad industrial.
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La planificación estratégica de la actividad industrial, y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico.
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El fortalecimiento institucional de los agentes y sistemas de gobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre ellos.
Prioridades de la Ley de Industria
La nueva Ley establece que la
Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial. Los beneficiarios de las ayudas otorgadas deberán mantener la actividad productiva al menos durante
cinco años en caso de grandes empresas y tres en caso de pymes.
Se refuerza la estructura de gobernanza con la creación del
Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad. Además, se elaborará la
Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el
Plan Estatal de Impulso Industrial.
La ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes:
significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los
objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
Medidas para la protección de la competitividad industrial
Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en
energía y medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Asimismo, se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las
empresas industriales españolas en un ámbito internacional.
Se podrán establecer
bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación. Las Administraciones Públicas promoverán e implantarán, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión.
La Ley introduce la figura de la
refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Sanciones e infracciones
La Ley detalla el régimen de
infracciones y sanciones. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
Las
infracciones serán sancionadas en la forma siguiente: a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros. b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros. c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100 millones de euros.
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