La Ley de Industria impulsa una reserva sanitaria con catálogo de empresas

“La política industrial ha vuelto con fuerza”, proclamaba Jordi Hereu, ministro del ramo, nada más aprobar Moncloa la Ley de Industria, vigente desde hace más de tres décadas. Conceptos como descarbonización, digitalización, resiliencia y transición verde ‘entran’ por primera vez en el plan del Gobierno, que, tal y como avanzó Redacción Médica, contempla medidas de “autonomía estratégica” para asegurar el abastecimiento, por ejemplo, de productos sanitarios.

Durante su intervención en el Consejo de Ministros, el propio Hereu ha avanzado la creación de un catálogo en el que se identificará qué empresas estarán llamadas a asegurar la producción de este tipo de bienes en situaciones de crisis como la que supuso la pandemia del covid.

“Son nuevos instrumentos para asegurar la elaboración propia de productos de primera necesidad, críticos y estratégicos, especialmente en situaciones de crisis -ha enfatizado el mandatario catalán-. Por eso creamos la Recapi (Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial), un mecanismo mediante el que definiremos un catálogo de productos y capacidades industriales e identificaremos aquellas empresas que puedan producirlos estableciendo acuerdos con las mismas”.

Nuevo modelo de gobernanza industrial

Previamente, Hereu había dado cuenta de su intención de establecer un “nuevo modelo de gobernanza industrial” que siente “las líneas generales” de la política gubernamental y de la actuación de la propia industria. “Las estrategias tendrán un horizonte de seis años, y los planes estatales, de tres”, ha informado.

"Se podrán desarrollar Pertes más allá de la implantación de los fondos next generation"

De forma paralela, se desplegará el llamado Consejo Estatal de Política Industria, un nuevo órgano consultivo “y de coordinación entre los ministerios” que abordará la política industrial del Ejecutivo y facilitará la “comunicación” con el sector. Con ello se pretende no solo reducir burocracia y, por tanto, simplificar los trámites para el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos; sino también la captación de los Pertes “que se desarrollarán más allá de la implantación de los fondos Next Generation”.

Además, el Ejecutivo forzará a farmacéuticas y cualquier otra compañía que deseen finalizar su actividad en España a anunciarlo con nueve meses de antelación al Ejecutivo para “analizar distintas alternativas” que permitan “revertir esta decisión”.  En el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas.

Hacia la industria 'verde'

Igualmente, la Ley da especial importancia al aspecto de la transformación digital del sector industrial, incluyendo a los servicios, infraestructuras y otras actividades relacionadas, así como la transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050, compatibilizando la actividad industrial con la protección del medio ambiente, la transición energética y la descarbonización de la economía.

“Seguiremos avanzando en esta senda -ha zanjado-. La Ley tiene como principal objetivo la reindustrialización para generar oportunidades de equidad social y garantizar la autonomía estratégica”.