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La industria europea mantendrá su ofensiva contra la Directiva de Aguas
La decisión, de carácter procesal, deja abiertas las dudas jurídicas sobre la validez de la norma
Tribunales de justicia de la Unión Europea.
20 feb 2026. 15.50H
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POR REDACCIÓN MÉDICA
El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia) contra la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (Dtaru), al considerar que la organización carece de legitimación activa. La decisión, de carácter procesal, no entra a valorar el fondo del asunto y deja abiertas las dudas jurídicas sobre la validez de la norma.
Tras conocerse el auto, la Efpia reiteró su intención de seguir cuestionando la Directiva por considerar que, en su formulación actual, vulnera principios fundamentales del Derecho comunitario como el de “quien contamina paga”, la no discriminación y la proporcionalidad. La patronal farmacéutica sostiene que la responsabilidad financiera derivada de la norma debe ser justa, basada en pruebas sólidas y proporcional a la contribución real a la contaminación.
En paralelo, la Asociación Irlandesa de Farmacéuticos y Servicios Sanitarios ha recurrido ante el Tribunal Superior de Irlanda y ha solicitado que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la validez de la Directiva. El propio Tribunal General recuerda que corresponde a los órganos nacionales plantear esta vía si albergan dudas sobre la legalidad de una norma europea.
Pese al litigio, la Efpia asegura respaldar los objetivos ambientales y de salud pública de la Directiva, aunque insiste en que su marco jurídico debe asentarse sobre bases técnicas y probatorias sólidas.
Tras conocerse el auto, la Efpia reiteró su intención de seguir cuestionando la Directiva por considerar que, en su formulación actual, vulnera principios fundamentales del Derecho comunitario como el de “quien contamina paga”, la no discriminación y la proporcionalidad. La patronal farmacéutica sostiene que la responsabilidad financiera derivada de la norma debe ser justa, basada en pruebas sólidas y proporcional a la contribución real a la contaminación.
En paralelo, la Asociación Irlandesa de Farmacéuticos y Servicios Sanitarios ha recurrido ante el Tribunal Superior de Irlanda y ha solicitado que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la validez de la Directiva. El propio Tribunal General recuerda que corresponde a los órganos nacionales plantear esta vía si albergan dudas sobre la legalidad de una norma europea.
Pese al litigio, la Efpia asegura respaldar los objetivos ambientales y de salud pública de la Directiva, aunque insiste en que su marco jurídico debe asentarse sobre bases técnicas y probatorias sólidas.
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