Poco a poco, la
morosidad pública sanitaria se reduce. En dos meses, la
deuda de las comunidades autónomas con los proveedores del sector salud se ha reducido un 4,5 por ciento.
Esto supone unos
160 millones de euros menos en el total que las administraciones regionales deben a las compañías dedicadas a las actividades sanitarias, aunque esta noticia no significa estos proveedores dejen de ser los
principales acreedores de las comunidades autónomas.
Según los
datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a febrero de 2018 aorrespondientes a febrero de 2018, las regiones deben a las empresas de salud unos
3.366 millones, una cifra que representa el 65,46 por ciento de la morosidad autonómica.
De hecho, los pagos sanitarios siguen representado la
amplia mayoría de las transferencias bancarias de las regiones. En febrero, de 4.685 millones pagados, 2.881 millones (más de la mitad) fueron para arcas sanitarias. Sin embargo, llama la atención el escaso protagonismo sanitario en el fondo de liquidez autonómico (FLA).
Mejora de los plazos
Por otro lado, tras el incremento sufrido el primer mes del año, en febrero los
plazos de pago a los proveedores sanitarios se redujeron un 10 por ciento, hasta los 17,21 días.
Con todo, este plazo siguen siendo
superior a la media del plazo de pago al resto de los proveedores estatales, que está en unos 15,7 días.
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