La 'comisionitis' se extiende por el SNS

Si bien durante los últimos años se ha buscado evitar las reevaluaciones de medicamentos regionales mediante medidas como los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) y la introducción de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios (responsable de decidir qué productos se financian en el Sistema Nacional de Salud), este objetivo parece lejos de lograrse. Nuevas comisiones de evaluación de los fármacos que no dejan de surgir en las regiones, una ‘comisionitis’ que no para de extenderse dentro del sistema.
 
Con este término ha denominado José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, a este fenómeno. Y es que, según datos de la patronal del medicamento innovador, ahora mismo hay en España hasta 28 comisiones regionales de evaluación de medicamentos, una cantidad que va a crecer a corto plazo. Comunidad Valenciana ya está tramitando su decreto para tener su propia Red de Evaluación y Madrid mantiene su intención de crear una Comisión de Farmacia regional, según ha confirmado recientemente Encarnación Cruz Martos, de la Subdirección General de Farmacia de la Consejería de Sanidad madrileña.
 
La región que cuenta con un mayor número de estos órganos es Cataluña, que tiene seis, seguida de País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía. La única que permanece irreductible a estas comisiones evaluadoras dentro de la geografía española es Extremadura, en la que no hay ninguna (por lo pronto).
 
Se trata de un camino que, en algunos casos, puede impedir la prescripción de determinados productos aprobados por los profesionales sanitarios y el acceso de los pacientes, poniendo a su vez en riesgo la equidad en el acceso a la prestación, según ha indicado el propio Luis-Yagüe.
 
De hecho, su homóloga del departamento legal de Farmaindustria, Lourdes Fraguas, advierte de la alta litigiosidad a las que ha dado pie el incremento de comisiones.