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Pedro María Azpiazu, portavoz del Grupo Vasco en la Comisión de Hacienda del Congreso.
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Eduardo Ortega Socorro. Madrid
La enmienda propuesta por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de financiación autonómica por la que se quiere ligar el gasto farmacéutico a la evolución del producto interior bruto (PIB) español se ha encontrado con oposición en las comunidades autónomas que no está gobernadas por representantes del PP. Pero el frente contra la medida no se queda aquí: los partidos políticos también dicen ‘no’ a una propuesta que consideran tan “inaceptable” como contradictoria.
“El Partido Popular, partido en el Gobierno y por tanto autor de la iniciativa , pervierte la técnica legislativa para evitar el informe de los órganos consultivos; una muestra más de su falta de respeto a los Grupos, al Reglamento, y al Parlamento”, denuncian fuentes parlamentarias del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
“Creemos”, indican dichas fuentes”, que la desconfianza del Gobierno español hacia algunas comunidades autónomas incumplidoras no es óbice para que se establezca una legislación tan brutalmente intervencionista como la que se pretende a través de esta enmienda. En todo caso, queremos destacar que en Euskadi tenemos nuestro propio modelo de financiación y por tanto no tiene sentido una intervención de esta índole cuando nos autogestionamos y autocontrolamos materia sanitaria”, detallan.
Por su parte, Carme Pérez, responsable de Sanidad en Ciudadanos (C’s), critica que con esta propuesta “el Gobierno lo que quiere es, si aparecen nuevas necesidades terapéuticas como ha pasado en hepatitis C, desviar las responsabilidades y la atención hacia las autonomías”. De hecho, considera que la enmienda, de aprobarse tal y como está redactada, “es una demostración más de inequidad, dado que se limitan tanto la prestación farmacéutica como la cartera de servicios a través de las sanciones propuestas a las regiones, cuando tienen que estar garantizadas por el Estado”.
Contradicciones
Tanto PNV como C’s coinciden en considerar que la enmienda, que se vota este jueves en el seno de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, es “contradictora con la política de medicamentos que el Gobierno español está aplicando, por ejemplo, en caso de la hepatitis C”. Sin embargo, Pérez va más allá y advierte de que el problema de fondo es el de la “infrafinanciación de la sanidad. Se puede mejorar la gestión, sí, pero no se pueden hacer milagros con lo que hay. La clave está en priorizar las necesidades de los ciudadanos, como las sanitarias, por encima de otros gastos del Estado”.
Por su parte, las fuentes vascas opinan que “el PIB no puede ser un baremo para limitar el gasto en un ámbito como el sanitario. La salud y el bienestar de las personas deben prevalecer por encima de normas estrictas y limitativas”.
Con todo, es posible que la versión definitiva de la enmienda cambie: como ya avanzó Redacción Médica, CiU ha mantenido negociaciones con los populares con el fin de lograr cambios en su redacción, aunque ni el grupo catalán ni el popular han querido hacer declaraciones al respecto.
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María José Sánchez Rubio, del PSOE.
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Oposición socialista y autonómica
Una semana después de que el PP propusiera la enmienda se encontró con la oposición del PSOE, que acusó al Gobierno de intentar intervenir a las comunidades autónomas mediante la implantación del
FLA sanitario”, en palabras de María José Sánchez Rubio, secretaria de Sanidad de los socialistas y consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, quien también advirtió de que “lo visten de ayuda para la financiación, pero en realidad es un intento de intervenir de facto en la gestión de las comunidades, aprovechando las dificultades de tesorería y de falta de acceso al crédito que están sufriendo las administraciones autonómicas”.
“Lo que está haciendo el Gobierno de España con este ‘fondo trampa’", avisó, "es conceder un préstamo a cambio de recortes sanitarios, invadiendo así la autonomía de las comunidades, porque las regiones que se acojan a este
FLA sanitario no solo tendrán que dar cuenta mensualmente al Gobierno sobre su gasto sanitario sino que, en caso de que no cumplan el tope de gasto fijado, tendrán que aplicar recortes en este ámbito”.
Además, hay que recordar que regiones como Cataluña y Canarias ya habían mostrado su enérgico rechazo a la enmienda, que según fuentes del sector sanitario y de las propias autonomías, tiene el sello de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Duras sanciones
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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La enmienda en cuestión, la 87, ha estado en el ojo del huracán desde que se tuvo conocimiento sobre ella, el pasado 18 de marzo. Y es que el texto indica que, con su aprobación, se creará un “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario”, al que se adherirán voluntariamente las comunidades autónomas que lo deseen mediante acuerdos de los correspondientes consejos de gobierno. Eso sí, una vez adheridas, “la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”.
En caso de incumplir esta frontera, habrá duras sanciones para las regiones: no podrán aprobar la cartera de servicios complementaria y no podrán prestar servicios distintos de la cartera común, su acceso al reparto de recursos económicos en materia sanitaria estará sujeta a condiciones y deberán aplicar medidas de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad que sean acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
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