Frente político más allá de ideologías para un acceso global a fármacos

El ala política lo tiene claro: España, aun con buenas intenciones, todavía sufre diversas carencias que hacen que sean necesarios muchos pasos para alcanzar el reto de la autonomía y las reservas estratégicas de medicamentos. También coinciden en el pilar en el que ha de basarse ese cambio: la coordinación.

En el encuentro organizado por Cofares este jueves en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, tres representantes de sendos grupos parlamentarios de la Cámara Baja: Rafael Cofiño, de Sumar; Patricia Blanquer, del PSOE; y Ana Pastor, del Partido Popular (PP) han analizado qué han hecho y qué tienen que hacer las fuerzas institucionales a nivel estatal para asegurarse que pueden dar una respuesta adecuada ante futuras emergencias sanitarias tras lo aprendido durante la pandemia de coronavirus.

“Necesitamos fortalecer nuestros servicios públicos y lealtad institucional”, ha promulgado Blanquer. Por su parte, Cofiño ha apostado por crear “una Agencia de Salud Pública potente y de futuro” que, entre otras cosas, mejore la escasa inversión estatal que, actualmente, gira en torno al 0,5 por ciento. “La creación de una reserva estratégica de medicamentos y la puesta en marcha de medidas contra la escasez son nuestros imperativos para garantizar el acceso continuo de los pacientes a los fármacos. El covid abrió las costuras de nuestro sistema y hay falta de medicamentos esenciales”, ha expresado, por su parte, Pastor.

Medidas para articular la coordinación

Según Cofiño, vehiculizar ese modelo común de reserva estratégica de medicamentos pasa por poner en marcha una “reestructuración global” del Sistema Nacional de Salud (SNS) y del Ministerio de Sanidad. Aunque ha sostenido que es necesario mantener la descentralización del sistema, ha considerado que también hay que “corregir desigualdades” entre comunidades autónomas relativas, entre otros aspectos, al desabastecimiento y las prestaciones equitativas. “Necesitamos una ley general de sanidad federada”, ha señalado.

En este sentido, ha abogado por “reordenar todos los elementos de atención integrada” englobando la Estrategia de Salud Pública para que el Estado “tenga claras sus prioridades en cuanto a reservas estratégicas”. Para ello, de acuerdo a Cofiño, también resulta “fundamental” que se desarrollen “buenos sistemas de información” para “identificar problemas de desabastecimiento”, teniendo en cuenta que la de la distribución de fármacos es “una cadena compleja”.

Por su parte, Blanquer ha subrayado que uno de los retos de la próxima legislatura será aprobar la Ley de Seguridad Nacional que se quedó sin tramitar en la anterior etapa institucional de cuatro años, dado que en dicha normativa “se habla de establecer una reserva estratégica”, que es “el principio que nos debe regir” para “identificar cuáles son las necesidades en cada momento” ante “imprevistos” como las emergencias sanitarias. Al respecto de ello, la socialista ha apuntado a la creación de “un órgano interministerial” que se encargue de esa identificación de cara a “poder dar respuestas”.

De forma complementaria a ello, la socialista ha recordado que otra de las misiones del poder legislativo será “aprobar el Pacto por la Industria” y la Ley de Industria de la que ya hay un anteproyecto de ley y que “recoge una parte relacionada con la estrategia de seguridad nacional”.

Para Pastor, el quid de la cuestión no es presupuestario, sino, en la línea de lo comentado por Blanquer, de identificación de “vulnerabilidades”. Según la popular, resulta necesario plantearse diversas cuestiones como los motivos de la dependencia de proveedores extranjeros, si el encarecimiento de la materia prima en origen está condicionando que los precios de los medicamentos no sean los adecuados y problemas logísticos como si existen distribuidores que se centren sólo en los fármacos rentables.

Además, ha llamado a reflexionar acerca de si el concepto de reserva estratégica, “tal y como aparece en el convenio de agosto de 2023”, es el adecuado: “La cuestión no es tener un gran almacén de fármacos, sino de saber qué es lo estratégico para el país”, ha manifestado. La popular ha dejado claro que el abordaje de esta materia no ha de estar sujeta sólo a “momentos de crisis”, sino que ha de plantear una estrategia “a corto y medio plazo”.

Afianzar el modelo público-privado

Los tres representantes políticos han resaltado la importancia de la colaboración público-privada en la gestión y la custodia de la reserva de medicamentos. Para Cofiño, ese sistema mixto ha de basarse en “la equidad”, para lo cual el marco europeo “va a ser muy importante”. “No estamos hablando de un bien comercial, sino de un bien general del que es importante que tenga un retorno social”, ha dicho. En la misma línea, Blanquer ha defendido que la colaboración público-privada “es necesaria siempre en su justa medida y atendiendo a los intereses generales”.

Pastor ha resaltado que, dentro de ese modelo público-privado, que “está claro”, el papel político es saber cómo apoyarlo “desde el ordenamiento jurídico”, al respecto de lo cual ha señalado cinco aspectos sobre los que trabajar: definir bien el concepto de reserva estratégica y su abordaje, fomentar la producción local, para lo cual ha señalado que “hay que actualizar el Plan Profarma” para atraer inversión, aumentar la coordinación a nivel Europeo a través de unas reformas comunitarias de las que, sin embargo, ha manifestado sus reticencias, conseguir una mayor transparencia en la cadena de suministro y aumentar la inversión en tecnología.

Precisamente la transparencia, sumada a la evaluación de los fármacos, es un asunto que “preocupa mucho” a la popular: “Tenemos un problema complejo: hay una agencia europea, otra española y una comisión interministerial de precios, y existe un tiempo bastante importante desde que la agencia dice que un fármaco es seguro y eficaz hasta que se autoriza un precio y se pone a disposición de los pacientes”. Por ello, ha propuesto la creación de una “verdadera agencia de evaluación” para “saber el verdadero valor de los fármacos que se incorporan a nuestro sistema”.

Incentivos a la empresa farmacéutica

Acerca de cómo incentivar la industria farmacéutica en España, el parlamentario de Sumar ha apostado por reforzar los marcos normativos para “evitar deslocalizaciones” de cara a “proteger patrimonio y puestos de trabajo”. Además, ha llamado a “priorizar los sectores que tienen experiencia” y a “incentivar la innovación y el desarrollo”.

Blanquer ha incidido en la necesidad de aprobar la modificación de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Industria. “Tenemos que generar ese marco que cree incentivos suficientes a la industria, no sólo a la farmacéutica, sino a toda, porque los riesgos son muy grandes e interdisciplinares”, ha aseverado. Pastor, por su parte, ha lamentado las “limitaciones” que tienen las empresas del sector para implantarse en España: “Hay mucha tarea por delante”.