El sector sanitario es consciente de la necesidad de comenzar a medir los resultados en salud de procesos, fórmulas de gestión y tecnologías para financiar y pagar solo aquellos que prueben su eficiencia. Sin embargo, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad todavía no han emprendido una ruta tan importante como inexplorado en muchos campos.
Precisamente, y para abrir camino, Farmaindustria ha anunciado su intención de colaborar con los servicios de salud autonómicos y poner en marcha fórmulas para medir resultados en salud. De hecho, Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, ha informado que espera que ya haya un proyecto piloto activo en esta materia antes de que termine el año.
“Estamos en contacto con varias comunidades autónomas que nos han manifestado su interés”, ha comentado, y ha añadido que ya ha habido “contactos preliminares”. “Para mediados de 2018 esperamos poder presentar ya algunas experiencias”.
En cualquier caso, España cuenta ya con “elementos ventajosos” que facilitan la puesta en marcha de un modelo sanitario de enfocado a los resultados en salud: sistemas sanitarios integrados, una receta electrónica y una historia clínica digital y “contabilidad analítica sanitaria”.
Aplicar este modelo asistencial conllevaría, como mínimo, mejoras en la eficiencia sanitaria. “Implementar un enfoque basado en resultados permitiría capturar eficiencias económicas de, al menos. un 20 por ciento”, ha indicado Urzay.
IPT más consistentes
Estas cuestiones se han abordado en el XIV Seminario Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación, que se celebra en Sigüenza (Guadalajara). En él también ha participado José Ramón Luis-Yagüe, director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas, quien ha recordado que “cualquier menoscabo en la prestación farmacéuica está vulnerando un principio constitucional. Las autonomías pueden ampliar el contenido de la prestación, pero no disminuirlo ni por la vía del derecho o del hecho”.
En este sentido, ha reconocido que “las barreras de las regiones al acceso del paciente al medicamento no han cambiado desde 2016”, como las comisiones autonómicas de evaluación, por ejemplo. En cambio, ha reconocido que “se están produciendo menos reevaluaciones de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT)”, que han pasado a tener “más consistencia”.
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