Redacción. Madrid.
Europa considera que España ha realizado “avances limitados” en la mejora de la relación entre el coste y la eficacia del sector sanitario y a la hora de racionalizar los gastos farmacéuticos de los hospitales. Así se desprende de un informe emitido por la Comisión Europea que realiza un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos en nuestro país.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

La Comisión insta a cumplir el acuerdo alcanzado con Farmaindustria para que este año se limite el crecimiento del gasto “en farmacia de receta original no genérica en referencia a la tasa de crecimiento del PIB”. Una sugerencia en cuyo cumplimiento no parece confiar demasiado Europa, al no quedar claro “cómo van a cumplir muchas Comunidades Autónomas esta nueva regla”.

El informe afirma que el sistema español se enfrenta a retos, sobre todo para su sostenibilidad, a pesar de que sigue obteniendo buenos resultados tanto en eficacia como en accesibilidad. En ello, destaca el “fuerte incremento” del gasto farmacéutico que se seguiría acentuando en 2015 “incluso excluyendo el impacto de los nuevos medicamentos contra la hepatitis”.

Por otro lado, la Comisión recuerda también que “hay margen para mejorar la transparencia de la contratación de los servicios de asistencia sanitaria a nivel regional, que con frecuencia adolece de una falta de competencia entre licitadores”.

A por los Colegios Profesionales

En su informe, Europa también insta a España a cumplir la Ley 25/2009, es decir, a reformar las profesiones. La citada normativa disponía que el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, un proyecto de ley que determinase las profesiones cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Por supuesto, la Comisión remarca que, a día de hoy, el mandato no se ha cumplido.

En 2009, la Directiva de Servicios de la Comisión (popularmente bautizada como Bolkestein) era el impulso para eliminar las trabas a la competencia en Europa. Esta buscaba crear “un marco jurídico para garantizar la libertad de establecimiento y prestación de servicios en la UE”. Un camino que se emprendió al entender que las imposiciones de los colegios profesionales: obligatoriedad de colegiación, el pago de un visado para edificar, la orientación de los precios, limitación de la publicidad o los trámites de ingreso para extranjeros que quieran establecerse en un país recortaban la fluidez de prestación de los servicios.

El 13 de mayo de ese año, en España se aprobaba la citada Ley 25/2009, también conocida como Ley Ómnibus, que afectaba directamente a la Ley de Colegios Profesionales después de que la Comisión Nacional de la Competencia, un año antes, elaborara un informe desfavorable sobre las corporaciones de derecho público que son los colegios profesionales, acusándolos de practicar un proteccionismo excesivo hacia las profesiones.

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