Europa frena la Directiva de Aguas por el riesgo del acceso a medicamentos
El Parlamento Europeo pide una moratoria de la legislación sanitaria para evitar el desabastecimiento de fármacos
La Eurocámara aprueba la solicitud de paralización de la Directiva de Aguas.
18 jun 2026. 18.00H
POR JULIA ROIZ
El gran debate de la industria farmacéutica vuelve a entrar a escena. El Parlamento Europeo ha solicitado una moratoria de Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (Uwwtd, por sus siglas en inglés). Una legislación sanitaria que, más allá de contar con el rechazo de algunas de las principales organizaciones del sector, parece tener un freno en Europa. Ha sido este jueves cuando la Eurocámara ha emitido la resolución oficial en la que ha alertado de la necesidad de evaluar el impacto de la norma en algunos aspectos como la producción o el suministro de fármacos.
El documento del Parlamento Europeo se centra en los riesgos potenciales que esta regulación puede acarrear para la seguridad del acceso y el suministro de medicamentos en el conjunto de Europa. Bajo esa base, la Eurocámara ha pedido esta moratoria a la par que ha urgido a la Comisión Europea a que realice una nueva evaluación de impacto antes de que termine 2026 para verificar los costes reales y el impacto en la disponibilidad y asequibilidad de los fármacos.
Esa es una de las principales peticiones que incluye la resolución que, además, ha pedido una suspensión temporal de las obligaciones financieras del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP, por sus siglas en inglés), así como del tratamiento cuaternario hasta que el estudio de la Comisión Europea esté terminado y evaluado.
La protección del medioambiente y del enfoque One Health vuelven a estar en el foco del Parlamento Europeo. Así lo indica el documento de la iniciativa del Viejo Continente, que ha sido aprobada por la Eurocámara con 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones. El texto incide en la necesidad de establecer un equilibrio para que estos factores no pongan en riesgo la autonomía estratégica sanitaria de Europa, mientras que también alude a la advertencia de que no peligre el acceso de los pacientes a sus tratamientos.
La resolución desglosa las principales inquietudes de la Eurocámara que han llevado a sacar adelante la solicitud de esta moratoria. Según indica el documento, los costes relacionados con el tratamiento avanzado de aguas residuales “no deberían trasladarse a los contribuyentes ni a los consumidores de agua”. Más aún, insisten en que este desembolso debe ser asumido por los sectores “que contribuyen a la contaminación”.
De esta forma, vuelve a estar sobre la mesa el principio de ‘quien contamina, paga’. El mismo que hace unas semanas llevó a que el Tribunal Superior de Irlanda remitiese la Directiva de Aguas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar la aplicación de este sistema en Europa.
Esa idea es la que vuelve a estar incluida en la resolución europea, ya que el documento hace alusión a que la responsabilidad ampliada del productor (EPR, por si siglas en inglés) es la herramienta más eficaz para implementar ese principio.
No obstante, y a pesar de todo ello, la Eurocámara, y con ella los parlamentarios, destacaron que la Directiva de Aguas “debe prever suficiente flexibilidad y medidas proporcionadas para asegurar que las obligaciones financieras no comprometan la asequibilidad, disponibilidad o accesibilidad de los medicamentos”.
Unas horas después de que la solicitud del Parlamento Europeo saliese a la luz, uno de los principales organismos que ha criticado la Directiva de Aguas en los últimos meses ha respaldado la solicitud de moratoria. La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha valorado positivamente la necesidad de revisar la aplicación de la legislación sanitaria, poniendo en el foco una vez más “el riesgo que supone para el suministro de medicamentos”.
“La votación de dicha resolución confirma la creciente preocupación política por una normativa basada en una evidencia científica insuficiente y con potenciales consecuencias graves para la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos en Europa”, ha zanjado la patronal del genérico en España.
De hecho, Elena Casaus, secretaria general de Aeseg, ha hecho referencia a esta Directiva de Aguas en un comunicado emitido por el organismo. “Este debate no va de si la industria puede pagar. Va de si Europa puede permitirse perder medicamentos esenciales”, ha resuelto.
Según la patronal, la legislación supone una obligación para el conjunto de la industria farmacéutica, ya que debe “financiar al menos el 80 por ciento del coste del tratamiento cuaternario del agua, una carga que resulta desproporcionada para los medicamentos genéricos, que operan con precios regulados y márgenes muy limitados”.
Así, Aeseg ha apostado por activar un mecanismo inmediato de ‘stop-the-clock’ que sea capaz de “evaluar correctamente el impacto sanitario, económico e industrial” de la Directiva de Aguas antes de su aplicación en todo el territorio europeo.
“La sostenibilidad medioambiental no puede construirse a costa de la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin medicamentos accesibles no hay política pública que funciones”, ha concluido Elena Casaus.
El documento del Parlamento Europeo se centra en los riesgos potenciales que esta regulación puede acarrear para la seguridad del acceso y el suministro de medicamentos en el conjunto de Europa. Bajo esa base, la Eurocámara ha pedido esta moratoria a la par que ha urgido a la Comisión Europea a que realice una nueva evaluación de impacto antes de que termine 2026 para verificar los costes reales y el impacto en la disponibilidad y asequibilidad de los fármacos.
Esa es una de las principales peticiones que incluye la resolución que, además, ha pedido una suspensión temporal de las obligaciones financieras del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP, por sus siglas en inglés), así como del tratamiento cuaternario hasta que el estudio de la Comisión Europea esté terminado y evaluado.
La solicitud de moratoria a la Directiva de Aguas
La protección del medioambiente y del enfoque One Health vuelven a estar en el foco del Parlamento Europeo. Así lo indica el documento de la iniciativa del Viejo Continente, que ha sido aprobada por la Eurocámara con 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones. El texto incide en la necesidad de establecer un equilibrio para que estos factores no pongan en riesgo la autonomía estratégica sanitaria de Europa, mientras que también alude a la advertencia de que no peligre el acceso de los pacientes a sus tratamientos.
La resolución desglosa las principales inquietudes de la Eurocámara que han llevado a sacar adelante la solicitud de esta moratoria. Según indica el documento, los costes relacionados con el tratamiento avanzado de aguas residuales “no deberían trasladarse a los contribuyentes ni a los consumidores de agua”. Más aún, insisten en que este desembolso debe ser asumido por los sectores “que contribuyen a la contaminación”.
De esta forma, vuelve a estar sobre la mesa el principio de ‘quien contamina, paga’. El mismo que hace unas semanas llevó a que el Tribunal Superior de Irlanda remitiese la Directiva de Aguas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar la aplicación de este sistema en Europa.
Esa idea es la que vuelve a estar incluida en la resolución europea, ya que el documento hace alusión a que la responsabilidad ampliada del productor (EPR, por si siglas en inglés) es la herramienta más eficaz para implementar ese principio.
No obstante, y a pesar de todo ello, la Eurocámara, y con ella los parlamentarios, destacaron que la Directiva de Aguas “debe prever suficiente flexibilidad y medidas proporcionadas para asegurar que las obligaciones financieras no comprometan la asequibilidad, disponibilidad o accesibilidad de los medicamentos”.
El genérico respalda la iniciativa
Unas horas después de que la solicitud del Parlamento Europeo saliese a la luz, uno de los principales organismos que ha criticado la Directiva de Aguas en los últimos meses ha respaldado la solicitud de moratoria. La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha valorado positivamente la necesidad de revisar la aplicación de la legislación sanitaria, poniendo en el foco una vez más “el riesgo que supone para el suministro de medicamentos”.
“La votación de dicha resolución confirma la creciente preocupación política por una normativa basada en una evidencia científica insuficiente y con potenciales consecuencias graves para la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos en Europa”, ha zanjado la patronal del genérico en España.
De hecho, Elena Casaus, secretaria general de Aeseg, ha hecho referencia a esta Directiva de Aguas en un comunicado emitido por el organismo. “Este debate no va de si la industria puede pagar. Va de si Europa puede permitirse perder medicamentos esenciales”, ha resuelto.
Según la patronal, la legislación supone una obligación para el conjunto de la industria farmacéutica, ya que debe “financiar al menos el 80 por ciento del coste del tratamiento cuaternario del agua, una carga que resulta desproporcionada para los medicamentos genéricos, que operan con precios regulados y márgenes muy limitados”.
Así, Aeseg ha apostado por activar un mecanismo inmediato de ‘stop-the-clock’ que sea capaz de “evaluar correctamente el impacto sanitario, económico e industrial” de la Directiva de Aguas antes de su aplicación en todo el territorio europeo.
“La sostenibilidad medioambiental no puede construirse a costa de la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin medicamentos accesibles no hay política pública que funciones”, ha concluido Elena Casaus.
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