Europa ha roto el argumento de Gobierno, Ministerio de
Sanidad y Consejerías del ramo españolas con el que se explicaba por qué no era posible prohibir la
homeopatía en nuestro país, y que se centraba en que la citada prohibición
solo podía llegar de mano de la legislación europea. Según han confirmado fuentes de la dirección de
Salud de la
Comisión Europea, que dirige
Vytenis Andriukaitis, a Redacción Médica:
“La regulación depende de cada Estado miembro y puede variar de un país a otro”.
Una versión de independencia legislativa que dista de la ofrecida por diversas autoridades sanitarias españolas, que en el Consejo Interterritorial celebrado en Madrid el pasado 24 de abril
justificaban la regulación pero no la prohibición de estos productos sin evidencia científica
amparándose en la legislación comunitaria.
El pasado 28 de abril, el
Ministerio de Sanidad emitía una instrucción que iniciaba la regulación de la
homeopatía en España. Así, desde el lunes 30 del mencionado mes, las empresas que se dedican a fabricar productos homeopáticos deberán comenzar a
registrarlos con un plazo máximo de 3 meses. A partir de ahí, pasarán un control de seguridad y calidad realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (
Aemps).
Una etiqueta para explicar que no cura
Belén Crespo, directora de la citada institución, explicó en la
rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que aquellos productos homeopáticos que aspiraran a ser reconocidos como medicamentos deberán someterse a
los mismos ensayos clínicos que cualquier otro producto, con el fin de demostrar evidencia de que curan (algo no logrado todavía por toda la industria homeópata). Hasta que esto ocurra, estos
serán retirados del mercado.
Distinta suerte correrán los que no aspiren a tal reconocimiento científico, pues seguirán a la venta en las oficinas de farmacia pero con
una etiqueta donde se indique al paciente que carecen de indicación terapéutica demostrada. Asimismo, Crespo añadió que las empresas de homeopatía comenzarán a pagar a
Hacienda las mismas tasas que el resto de laboratorios; un detalle importante para las arcas públicas si se tiene en cuenta que en los últimos años se
han ahorrado en torno a 44 millones de euros en impuestos.
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