Eduardo Ortega Socorro. Madrid
La misma situación que ya se dio en la Comisión de Hacienda se ha repetido en el pleno del Congreso de los Diputados. La Cámara Baja, gracias a la mayoría absoluta del PP, ha aprobado la reforma de la ley de financiación autonómica, por la que el gasto farmacéutico quedará ligado a la evolución del PIB, una medida que ha sido la protagonista del debate parlamentario librado, con polémica, entre los diferentes grupos políticos.
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María José Vázquez Murillo y María Eugenia Romero, del PSOE y del PP, respectivamente.
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Y es que para la oposición esta propuesta popular , reflejada ya en los artículos 107 a 110 de la reforma, supone socavar las competencias de las comunidades autónomas. Algunos de los argumentos más duros han llegado del PNV. Su portavoz, Pedro María Aspiazu, advierte de que la medida es una “bomba legislativa para dinamitar el marco autonómico” y considera su redacción e inclusión en el paquete normativo “una auténtica aberración”. De hecho, el diputado vasco llega a poner en duda la constitucionalidad de la iniciativa.
A esta postura se suma el Grupo de la Izquierda Plural, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, avisa de que esta medida no servirá para “racionalizar. Lo que se quiere hacer es recortar la sanidad y el gasto farmacéutico anulando las competencias de las autonomías, algo que es especialmente peligroso”.
De hecho, el PSOE ha hecho un voto particular para que el aspecto sanitario de la reforma se vote como enmienda de forma particular por su importancia. Y es que María José Vázquez Morillo no entiende por qué es necesaria “una regla del gasto sanitario” por la que la Administración central puede, en caso de incumplimiento, cancelar la cartera de servicios complementaria en las regiones.
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Antoni Picó y Joan Coscubiela, de CiU y la Izquierda Plural, respectivamente.
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"Yo invito, tú pagas y yo te intervengo"
Por su parte Antoni Picó, de CiU, indica que la propuesta de control del gasto farmacéutico (con las respectivas consecuencias si las regiones no respetan los límites) es “pura y llanamente la intervención de las comunidades autónomas. Es un ‘yo invito, tú pagas y yo te intervengo’”. Considera que afectará “muy negativamente a los servicios sanitarios”.
Asimismo, el nacionalista apunta, igual que la mayoría de los portavoces de la cámara, de que “el Grupo Popular ha evitado que se debata en profundidad esta medida donde debe hacerse, en la Comisión de Sanidad”. En esta idea también ha coincidido Vázquez Morillo, quien ha reclamado, junto con otros parlamentarios, que la materia sanitaria abordada en la reforma de la financiación autonómica tendría que ser abordada en el Consejo Interterritorial del SNS.
De adhesión voluntaria
En respuesta a esta reclamaciones, María Eugenia Romero, del PP, recuerda que el mecanismo por el que se pone en marcha la vinculación del gasto farmacéutico es de adhesión “voluntaria” y que los populares están abiertos a “negociar y al diálogo durante la tramitación legislativa”. Sin embargo, la diputada no ha profundizado en las dudas que genera todavía la medida.
Con todo, hay que recordar que la reforma de la financiación autonómica todavía tiene que pasar por el Senado y volver al Congreso de los Diputados para ser finalmente aprobado.
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