Eduardo Ortega. Madrid
Finalmente, la enmienda por la que el PP quiere ligar el gasto farmacéutico a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido aprobada por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, solo el partido del Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta ya incluida en la reforma de la ley de financiación autonómica, dado que el resto de los grupos han rechazado una medida que consideran que solivianta las competencias autonómicas y no aborda el problema real del Sistema Nacional de Salud (SNS): la infrafinanciaón.
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La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
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De hecho, la medida se ha aprobado con 23 votos 'populares' a favor, 17 en contra y una abstención, y se ha convertido en inesperada protagonista del debate en la comisión. Especialmente beligerante se ha mostrado la socialista María José Vázquez, quien considera "escandalosa esta manera del Gobierno de intervenir en la sanidad de la comunidades autónomas" y denuncia que "no se haya informado de ello en el Consejo Interterritorial".
Considera que la idea popular "no tiene ningún sentido", sobre todo cuando las regiones ya tienen una regla de gasto, el déficit. ¿Por qué es necesaria una concreta para sanidad". Además, advierte del capítulo de sanciones a regiones en caso de incumplir los límites impuestos. "La barbaridad es tal que el ministro no se atrevió a decirlo en el pleno".
Con todo, la portavoz popular María Eugenia Romero explica a Redacción Médica que "la enmienda está abierta a negociaciones y esperamos que haya bastantes cambios, sobre todo en el Senado", al tiempo que explica que mecanismo de financiación que crea esta enmienda (y que, de adherirse a él, 'ata' a las autonomías a que el crecimiento de su gasto farmacéutico esté ligado a la evolución del PIB) "sería una especie de fondo de liquidez autonómico, pero solo en materia sanitaria".
Injerencias
Sin embargo, al menos en el trámite de la Comisión, este aperturismo al cambio de los populares no ha sido visto por CiU, que ha propuesto varias enmiendas transaccionales que fueron rechazadas.
Respecto a las enmiendas ya aprobadas (la 87 y la 88), Antoni Picó, representante del grupo, advierte de que es una muestra de "deslealtad" por parte del Gobierno y que ambas "afectarán negativamente a los servicios de salud públicos".
De hecho, advierte que las cuestiones abordadas se deberían tratar en "la comisión competente, la de sanidad" y rechaza "rotundamente ambas posibilidades".
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