El Parlamento Europeo aprueba una evaluación común de tecnología sanitaria

La eurodiputada Soledad Cabezón ha sido la ponente del informe que apuesta por la armonización de los criterios

Soledad Cabezón.

03 oct 2018. 21.50H
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POR REDACCIÓN
Con 576 votos a favor y 56 en contra, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miérocles el informe sobre el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, del que la eurodiputada socialista española Soledad Cabezón ha sido la ponente.

“La aprobación de este informe es sólo un paso más para mejorar el acceso a los medicamentos por los pacientes en la Unión Europea”, ha asegurado. “En él se establece un sistema para toda la UE con criterios armonizados para evaluar las nuevas tecnologías sanitarias”.


Evaluación de medicamentos y productos sanitarios


“Se trata”, continúa, “de una herramienta fundamental para mejorar la calidad de las tecnologías sanitarias (medicamentos y productos sanitarios) y dirigir las prioridades médicas de investigación en salud a las necesidades de los pacientes para la sostenibilidad de los sistemas”.

Hace dos semanas, la propuesta de la eurodiputada había sido aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria del Parlamento. Tras el visto bueno del Pleno, se da un paso más a la evaluación común de los productos de salud.

Cabezón también indica que este reglamento “abre nuevas áreas de cooperación entre los Estados miembros para desinvertir en tecnologías sanitarias obsoletas, elaboración de guías de práctica clínica o en el nuevo reto de la Medicina de Precisión, entre otras”.


Rigor científico y objetividad


El nuevo procedimiento dará seguridad a los Estados para tomar decisiones al basarse, considera la eurodiputada, en el mejor estándar posible en ese momento. “Hemos defendido el rigor científico, la objetividad y la transparencia de la metodología y del procedimiento de evaluación, que son fundamentales para crear confianza en el sistema”.

Además, destaca que ha sido respaldad la propuesta sobre la necesidad de que las aportaciones que deban pagar los desarolladores de tecnología por la evaluación y consultas científicas se destinen a financiar las necesidades y prioridades médicas en investigación en salud.
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