La judicialización hasta el extremo del caso de la talidomida ha impedido que se pudiera llegar a una solución pactada entre las víctimas y la farmacéutica responsable, Grünenthal. Esta es una de las conclusiones a las que llega la
Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española en
un informe sobre las sentencias judiciales del caso y que piensa que debería .
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"Es común la impresión de que se ha hecho justicia formal, pero no justicia material"
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El organismo pone como ejemplos los procesos que se han llevado a cabo en otros países y que "han terminado invariablemente con
acuerdos transaccionales, no siendo públicos los extremos de la negociación, al menos no por entero". Una solución que
"no resiste la comparación" con lo que ha sucedido en España y apunta a la "imposibilidad de encontrar un final" que no sea el de un acuerdo de este tipo que implique el pago de indemnizaciones por parte de Grünenthal.
El informe censura algunos puntos de las sentencias judiciales, como el hecho de que
se consideraran prescritas las acciones ya juzgadas dado que los afectados conocían sus daños desde su nacimiento y podían haber denunciado desde el momento en el que alcanzaron la mayoría de edad. Apunta a que "no puede considerarse prescrita “la pretensión por el daño desconocido y médicamente imprevisible".
La Abogacía Española considera que la discusión sobre si el caso estaba prescrito ha obviado que se pueda llegar a una solución. No obstante, considera que según como se estime el daño, dado que este todavía se sigue produciendo, puede considerarse o no prescrito.
"Desalentador resultado"
"Es común la impresión de que
se ha hecho justicia formal, pero no justicia material, de modo que el asunto ha terminado convirtiéndose en un galimatías sobre el cómputo del plazo de prescripción de la acción", afirma el informe. Además, vuelve a comparar lo sucedido en otros países para decir que "ahonda aún más en esa impresión desalentadora de injusticia que desprende el caso".
El organismo considera que se trata de un
"desalentador resultado" y que, agotada la vía judicial, puede todavía encontrar una solución política. Por ello, pone todas las esperanzas en que el plan del Gobierno para reabrir el registro de afectados e indemnizar a las víctimas se concrete.
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