Uno de los proyectos legislativos de la pasada legislatura más ambiciosos del
Ministerio de Sanidad que no terminó de ver la luz fue el real decreto de
precios y financiación de los medicamentos. Esta iniciativa tiene el objetivo de poner orden y transparencia a la
gestión pública del coste de los medicamentos, y los criterios para ello. Sin embargo, el último borrador se dio a conocer hace casi dos años, en septiembre de 2015.
El texto no se ha tocado desde entonces, debido principalmente a que el Gobierno, durante este periodo, ha estado en periodo de interinidad debido a las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio. A esto hay que sumar que no ha habido sucesor oficial para Agustín Rivero como director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia hasta hace dos semanas, cuando se nombró a
Encarnación Cruz Martos.
Este cúmulo de circunstancias ha llevado a que Sanidad se plantee reiniciar el proyecto, para acometer cambios de última hora y ponerlo al día. Así lo indican a Redacción médica fuentes de departamento, que añaden que la decisión, a día de hoy, depende de la Secretaría General de Sanidad y de la propia
Dolors Montserrat.
¿Qué tipo de cambios requeriría el documento? Escasos, según las fuentes consultadas. Se trataría de modificaciones sin impacto legislativo real pero que serían “aportaciones interesantes”, todavía no desveladas. La idea es que ninguna de ellas suponga la modificación de legislaciones en vigor. Se descarta, por ejemplo, que se aborde una normativa específica para los biológicos o los biosimilares a través del texto,
a pesar de que hace unos meses se manejaba esta posibilidad.
Consulta pública
La clave del ‘reseteo al que habría que someter al proyecto si se toma la decisión de introducir cambios en él está en la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, concretamente en su artículo 46, que obliga a que, tras modificaciones, el borrador tenga que ser sometido de nuevo a consulta pública y sometido a las enmiendas que se presenten por parte del sector farmacéutico.
Con todo, estas mismas fuentes indican que sigue sobre la mesa el que el documento se envíe en su versión actual al Consejo de Estado directamente, puesto que se considera que su estado ya es óptimo y “al 95 por ciento”.
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