La
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha rechazado la
financiación pública de cinco fármacos en su reunión de febrero, según el informe completo de la reunión, que ha publicado ahora el
Ministerio de Sanidad. Entre ellos se encuentra el medicamento para el alzhéimer
lecanemab (Leqembi).
El documento recoge los expedientes con resolución negativa (los llamados '
acuerdos denegatorios') en distintos bloques: nuevos medicamentos (donde están los cinco anteriores), nuevas indicaciones, alteraciones de la oferta y alegaciones. Así, en total, la CIPM dice ‘no’ a
cinco nuevos fármacos, tres nuevas indicaciones, una modificación de condiciones y una alegación.
En el apartado de nuevos medicamentos, además de
Leqembi, figuran los siguientes compuestos, todos ellos excluidos de la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud (SNS):
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Alyftrek.
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Silocalm.
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Slenyto.
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Orserdu.
A estos se suman tres rechazos en
nuevas indicaciones (Kaftrio, Kalydeco y Enhertu), así como el caso de
Fampyra en alteraciones de la oferta y
Ospolot en el apartado de alegaciones.
El caso Leqembi: del ‘no’ europeo al aval con condiciones
El rechazo de la CIPM a lecanemab se produce en un contexto regulatorio especialmente complejo para este fármaco. La
Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió inicialmente una opinión negativa en 2024 por dudas sobre su balance beneficio-riesgo, aunque posteriormente revisó su posición y recomendó su aprobación en una
población restringida de pacientes.
Finalmente, la Comisión Europea
autorizó su uso en 2025 bajo condiciones estrictas, limitándolo a determinados perfiles de pacientes con alzhéimer en fases iniciales. La decisión española no cuestiona su autorización en Europa, pero sí su incorporación a la
financiación pública, en línea con los criterios habituales de la CIPM, que incluyen el valor terapéutico, el
coste-efectividad o el impacto presupuestario.
Un filtro económico y clínico
Los acuerdos publicados recuerdan que las decisiones de financiación no son definitivas hasta la resolución final de la
Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, tras el periodo de alegaciones de las compañías.
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