Eduardo Ortega Socorro. Madrid
A pesar de que la idea sufrirá cambios durante su trámite en el Senado, todo parece indicar que el Gobierno logrará, por la vía parlamentaria, ligar el gasto farmacéutico al Producto Interior Bruto (PIB), iniciativa introducida en la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, ya aprobada en el Congreso de los Diputados.
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Luis de Guindos, ministro de Economía y competitividad.
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Sin embargo, y a pesar de que la iniciativa presentada por el Grupo Popular parecía tener el sello de Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, fuentes del sector público señalan que no es la mano del jienense la que está detrás de la iniciativa, sino el Ministerio de Economía y Competitividad, comandado por Luis de Guindos.
Según indican dichas fuentes, la motivación que ha llevado a que Economía reclame poner coto al gasto farmacéutico ligándolo al PIB se debe a las continuas reclamaciones de Europa en este ámbito, que exige a España más racionalización y recortes en esta partida, particularmente en la que está destinada a cubrir el consumo de medicamentos de hospital. Esta es una situación que se viene repitiendo durante los últimos años, en los que informe sí e informe también la Troika reclama más sacrificios sanitarios, más concretamente en el ámbito del medicamento.
Esto explicaría además las sanciones y castigos con los que la medida, tal y como está redactada, amenaza a las comunidades autónomas que se salten el nuevo límite de gasto, entre las que se cuentan la posibilidad de ‘perder’ competencias en el ámbito sanitario y de no poder mantener activa la cartera de servicios complementaria. Con todo, es Hacienda el departamento que aplicaría estas sanciones y que podrían 'cadenas' al gasto.
Este enfoque, en cambio, no estaba presente en el acuerdo que estaban negociando Ministerio de Hacienda e industria farmacéutica, que todo parece indicar que finalmente se ha truncado, a pesar de que los laboratorios lo daban prácticamente por hecho a finales del año pasado. La idea era la de conectar la evolución del gasto farmacéutico con el PIB, de manera que la industria del medicamento pudiera prever la inversión pública en medicamentos y articular, en determinados casos, techos de gasto. Sin embargo, los representantes públicos abandonaron las negociaciones después de no lograr que los laboratorios quisieran que esta iniciativa se tradujera en un texto legislativo, algo que ha ocurrido igualmente.
Economía y el sector sanitario
No es la primera ocasión en la que el Ministerio de Economía y Competitividad quiere tener influencia en el sector del medicamento. Hace dos años hizo estremecerse a los farmacéuticos comunitarios con su propuesta de liberalizar el sector de la botica, rompiendo el binomio titularidad/propiedad, otra exigencia de las altas cúpulas europeas que al final no salió adelante.
Con todo, con el proyecto que recogía esta iniciativa, el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, Economía no solo abrió un frente contra la oficina de farmacia, sino contra la amplia mayoría de las instituciones colegiales sanitarias. Y es que el documento proponía la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de las cuotas a 20 euros mensuales, el intervencionismo del Estado en caso de “mal funcionamiento” del colegio o, el más polémico de todos, el régimen de incompatibilidades que obligaba a los representantes sanitarios a no simultanear cargos colegiales con puestos en mutuas, sindicatos o partidos políticos.
El documento levantó las iras de los colegios y hace solo unas semanas, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, anunció que el Gobierno había decidido retirarlo. Sin embargo, los representantes colegiales siguen desconfiando de que, en un futuro, el proyecto no vaya a ser retomado.
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