El Tribunal Constitucional, que
por unanimidad ha rechazado el recurso del Ministerio de Sanidad contra las subastas de medicamentos de Andalucía, ha hundido las esperanzas del sector del medicamento, que en su mayoría ha criticado estos concursos regionales.
Y es que, según indican fuentes del sector, el problema es que la
vía legal para frenar las subastas queda prácticamente cerrada, al menos en España. A falta de conocer el escrito que vaya a dar a conocer el Constitucional, no existe ninguna instancia judicial superior a escala nacional, lo cual hace muy difícil que prosperen recursos alternativos. Y Europa parece una opción demasiado lejana.
Con todo, hasta conocer la sentencia letra por letra, la valoración oficial de las organizaciones más críticas con las subastas tendrá que esperar. Este es el caso de
Farmaindustria, que en el pasado interpuso los correspondientes recursos contra los concursos regionales. Fuentes de la patronal indican: "Vamos a esperar a conocer la sentencia por escrito".
De parecida forma opina la
Confederación Empresarial de las Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa). Sin embargo, desde esta patronal ya se avanza que respetará el dictamen del Constitucional, aunque no lo comparten.
La resolución se acatará
Por su parte
, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de
Aeseg, recuerda que “esto es un conflicto entre instituciones”, al tiempo que asegura que “la resolución del Constitucional se acatará”.
Así mismo, afirma que la patronal del genérico “independientemente del dictamen, seguiremos trabajando con la Junta de Andalucía para dar con vías alternativas a la subasta”. Añade que todavía ninguna comunidad autónoma ha asumido este tipo de concurso regional para sus medicamentos de dispensación ambulatoria además de Andalucía por “razones operativas”.
Sin embargo, ¿podría cambiar la situación tras el aval del Constitucional y extenderse a otras regiones? “Lo que venga de ahora en adelante, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué van a hacer las compañías ante esta nueva situación, por ejemplo”, precisa Rodríguez de la Cuerda.
Con todo, indica que hay que estar a la espera de lo que diga la sentencia del Alto Tribunal para ahondar en más valoraciones. Aunque descarta por completo que su patronal vaya a “llevar esta cuestión a los tribunales europeos”.
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