La crisis sanitaria causada por el nuevo
coronavirus ha originado un
esfuerzo investigador mundial sin precedentes para encontrar cuanto antes una
solución terapéutica. En apenas tres meses, ya hay en marcha cerca de mil ensayos clínicos sobre la enfermedad, más de 130 medicamentos están en fase de pruebas y hay más de
100 proyectos de vacunas.
Esta carrera científica no habría sido posible sin la existencia de un
marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de
patentes a nivel mundial para proteger la innovación.
Así lo ha destacado el director general de la Federación Internacional de la Industria Farmaceutica (Ifpma),
Thomas Cueni, en un artículo en el diario económico Financial Times. “Las patentes, y la propiedad intelectual en general, son la razón principal por la que existe
una base de innovación tan sólida desde la cual trabajar para encontrar soluciones”.
A pesar de la gran cantidad de proyectos de investigación en marcha, añade, “
no hay garantía de éxito, ya que pocos tratamientos e incluso menos vacunas pueden resultar seguros y efectivos. Este nivel de toma de riesgos sería imposible sin un floreciente ecosistema de innovación basado en los
incentivos de la propiedad intelectual”.
El director general del Ifpma añade que poner en duda ahora el marco de propiedad industrial “
crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado en grandes inversiones para reutilizar medicamentos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y ampliar la fabricación”. “La propiedad intelectual –añade- no es un obstáculo, sino una ayuda para terminar con la Covid-19”.
Cueni también recuerda que la industria farmacéutica se comprometió desde el inicio de la crisis sanitaria a una
distribución equitativa de los tratamientos eficaces cuando estos estén disponibles y a hacerlo a un
precio asequible.
Un modelo que funciona
Para la industria farmacéutica, el conjunto de medidas de protección de la propiedad industrial ofrece garantías a las compañías que investigan y desarrollan nuevos medicamentos de que si uno de sus fármacos innovadores es finalmente aprobado y llega a los pacientes, contará con un
plazo temporal adecuado para tratar de
recuperar la inversión realizada y generar recursos que puedan ser reinvertidos en nuevos proyectos de I+D biomédica.
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