Eduardo Ortega Socorro / Redación. Madrid
A pesar de la poca adhesión que han mostrado las comunidades autónomas al instrumento financiero puesto en marcha por el Gobierno para vincular el gasto farmacéutico de las regiones a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), hay regiones que siguen viendo en esta medida un peligro latente para su la independencia de su gestión.
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Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
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Es esta razón, principalmente, la que ha llevado a Andalucía a presentar un recurso contra esta medida, incluida en la reforma de la financiación autonómica aprobada en el Congreso de los Diputados justo antes del verano, en el Tribunal Constitucional. Según indica en un comunicado la Junta, “el Estado fija un tope al endeudamiento global de las regiones pero, a juicio del Gobierno andaluz, no debe decidir las partidas presupuestarias que corresponde fijar a sus parlamentos ni intervenir en la gestión sanitaria transferida”.
Asimismo, la administración regional subraya que la disposición final decimosexta de la Ley Orgánica 6/2015 (que es la que habilita este mecanismo de financiación) “vulnera los principios constitucionales de jerarquía normativa e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al permitir que una ley ordinaria sea modificada por una norma de rango menor”.
No a la priorización de la deuda de las entidades locales
No este el único punto de la reforma de la financiación autonómica que Andalucía denunciará ante el Constitucional. También recurrirá el artículo 1, por el que se permite al Estado “detraer recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas para saldar deudas con las entidades locales, alterando así las determinaciones de la Constitución Española y vulnerando el principio de autonomía financiera y de gestión reconocido también en el Estatuto andaluz”, según el ejecutivo regional.
Esta reclamación también tiene lectura sanitaria, dado que , según fuentes socialistas, el recurso se ve motivado “porque esta legislación supone una injerencia en las competencias autonómicas. De esta manera, las regiones no pueden priorizan el pago de temas sociales, como la sanidad o los medicamentos” .
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