Cinco años desde que entrase en vigor la
Ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), la Agrupación Territorial de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en Madrid ha puesto de manifiesto que
considera “necesaria y fundamental “la evaluación para el buen desarrollo profesional de los Directivos de la Salud.
“Respecto a los procesos selectivos de los Directivos de la Salud entendemos que deberían realizarse bajo
criterios claros y objetivos, con una metodología estandarizada”, indica a través de un comunicado. “Igualmente,
los ceses de los Directivos sanitarios deberían estar debidamente razonados”.
Este comunicado coincide en el tiempo con los relevos acontecidos recientemente al frente del
Hospital Clínico San Carlos y del
Gregorio Marañón, en los que cesaron
José Soto y
Joseba Andoni Barroeta, respectivamente. Además, la rumorología apunta a que en los próximas días se puedan producir
nuevos ceses en otros hospitales de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, SEDISA, así como la Agrupación Territorial de ésta en Madrid, se ofrece a
“colaborar con las autoridades sanitarias” para impulsar la “profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria”.
Impugnación al nuevo gerente del Summa 112
En esta línea, desde Comisiones Obreras (CCOO) han impugnado el nombramiento del nuevo gerente del Summa 112, Manuel José Guiote, al entender que incumple con la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Sermas.
Así, la organización sindical ha presentado un recurso de alzada en el que se alega, entre otros motivos, “la existencia de nulidad de pleno derecho y se pedía la suspensión del procedimiento de selección incoado”. “El 22 de septiembre se notifica la desestimación de la medida cautelar solicitada, sin que a día de hoy conste resuelto el recurso de alzada”, denuncia CCOO, que ha alertado del incumplimiento “sistemático” de la Ley de Buen Gobierno.
Para el sindicato este nombramiento se encuentra “afectado de un vicio grave e insubsanable de nulidad al derivarse de una resolución nula de pleno derecho que debió dejarse sin efectos”.
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