La nueva directiva europea de eficiencia energética obliga a los hospitales públicos españoles de gestión empresarial, y a los de naturaleza privada, a ponerse las pilas en la materia este mismo año. A partir de noviembre, a más tardar, deberían haber resuelto su plan al respecto y, conforme a la directiva comunitaria, disponen de tres vías para conseguirlo.
La primera de ellas consiste en fijar una auditoría cada cuatro años del uso y distribución de la energía en el centro, según ha revelado a Redacción Médica el gerente de Eficiencia Energética de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), Juan Manuel García.
“En ese caso el hospital debe seguir los requisitos establecidos en el propio Real Decreto o en las normas técnicas de la Serie UNE-EN 16274 sobre edificios”, ha aclarado para este periódico en alusión al Real Decreto 56/2016, aprobado en febrero, por el que se traspone la directiva 2012/27/UE que regula las auditorías energéticas, la acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia del suministro de energía, conforme ha puntualizado el propio García.
Pero el directivo de Aenor –entidad avalada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), designada, a su vez, por el Estado– advierte de que tanto los hospitales públicos con gestión privada (como los que se corresponden con el llamado modelo Alzira) como los enteramente independientes de las administraciones disponen de otras dos opciones para cumplir a tiempo con las obligaciones comunitarias.
Se trata de la posibilidad de lograr una certificación ISO 50001 o bien la ISO 14001, probatorias de los sistemas de gestión de la energía y de la gestión medioambiental del hospital, respectivamente.
“Desde Aenor animamos a los hospitales españoles a convertir esta obligación en una oportunidad competitiva, basándose en la certificación ISO 50001, que ayuda a reducir los consumos energéticos, y por tanto, tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de los centros, así como en su huella ambiental”, ha declarado García.
La normativa afecta a unas 3.800 empresas
De acuerdo con García, una de las principales exigencias de la legislación es que las grandes empresas –aquéllas de más de 250 empleados o con un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros– deben realizar antes del 13 de noviembre una auditoría energética.
“Se estima que esta medida es de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales”, ha indicado.
En el caso de los hospitales, en efecto la medida atañe a los de titularidad pública y gestión privada y, asimismo, a los de titularidad y gestión privadas. “Hay que destacar, empero, que la Administración pública debe renovar un 3 por ciento anual de la superficie de sus edificios con calefacción o refrigeración a partir del 1 de enero del 2014, parte de la directiva que está pendiente de trasponer al ordenamiento jurídico español”, ha añadido.
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